"Hemos realizado un total de 37 allanamientos, tanto en la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) como en la provincia de Guayas (su capital es Guayaquil). Al momento se encuentran 17 personas detenidas y puestas a órdenes de jueces (…) los delitos que son objeto de investigaciones por estos casos corresponden a peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada", dijo Diana Salazar, fiscal General de Ecuador, durante una rueda de prensa.
Entre los detenidos en Guayaquil figuran el expresidente de la República, Abdalá Bucaram (2006-2007); Carlos Luis Morales, prefecto provincial de Guayas, y Luis Zunino, exgerente del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de esa ciudad costera.
El exmandatario es considerado sospechoso de peculado en un contrato de insumos médicos para el referido hospital con un sobreprecio aproximado de 12 millones de dólares, según dijo la Fiscal de Guayas, Yanina Villagómez.
Al realizar el allanamiento en la casa de Bucaram se encontró un arma de la cual el vicepresidente no tenía permiso para portarla.
Villagómez dijo que esa es una indagación diferente.
Según Villagómez, en el interior del hospital del IESS funcionaba una estructura de delincuencia organizada que realizó contratos y pagos irregulares durante la emergencia sanitaria y en años anteriores.
Todos han sido vinculados por Fiscalía en un delito por delincuencia organizada y peculado.
Otro de los detenidos es el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, en cuya administración se habrían firmado varios contratos con sobreprecio, por la compra de insumos médicos, kits de alimentos y una proyección estadística de tomas rápidas de COVID-19.
Las investigaciones de la Fiscalía, por tráfico de influencias y peculado, apuntan a compañías fantasmas creadas por Morales y familiares que habrían firmado contratos con la Prefectura de Guayas.
En Quito, la capital de Ecuador, en la madrugada del 3 de junio también se allanaron 12 domicilios de directivos de la empresa de agua potable que habrían participado en la compra de insumos; cinco personas fueron retenidas para investigación, entre ellas el gerente de la empresa, una prima del vicealcalde, administradores del contrato y asesores del gerente.
En la misma rueda de prensa, María Paula Romo, ministra de Gobierno, explicó que al momento hay en curso 45 investigaciones por contratos irregulares celebrados por distintas entidades públicas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son constantes las denuncias de casos de supuestos sobreprecios en compras, por parte de instituciones públicas, de fundas para embalar cadáveres, mascarillas de protección, kits de alimentos, entre otros insumos necesarios para combatir la pandemia, a tal punto que la Fiscal Diana Salazar creó una Fuerza multidisciplinaria encargada exclusivamente de realizar investigaciones sobre este tema.
