"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente que elaboró, en 2008, la actual Constitución Política de Ecuador.
Además, cuestionó el discurso oficial que, según dijo, presenta a la megaminería como tabla de salvación para reactivar el aparato productivo ante el eventual agotamiento del petróleo como principal fuente de recursos económicos.
Con respecto a la proyección de ingresos para el Estado por 132.432 millones de dólares durante los próximos 50 años, a partir de 2019, Acosta señaló que ese monto equivale a 2.648 millones de dólares anuales, es decir, el 20,8% del ingreso total por exportaciones, cuando por ventas petroleras el Estado ecuatoriano recibe 80% de los ingresos.
Acosta también dijo que la actividad minera tiene "subsidios ocultos" por parte del Estado, entre los que enlistó inversiones en carreteras, hidroeléctricas, costos por remediación ambiental, el uso del agua y afectaciones a la salud de los pobladores así como a las actividades turísticas y agropecuarias en las zonas mineras.
Entre otras cosas, expuso que la Contraloría General del Estado de Ecuador encontró irregularidades en esa concesión minera concluyendo, en su informe final, que debió haber sido revocada.
Ecuador solo posee dos proyectos de minería a gran escala en producción: el de oro Fruta del Norte, a cargo de la empresa Lundin Gold y el de cobre, concesionado a la empresa EcuaCorriente; sin embargo hay una serie de proyectos en diferentes etapas de exploración.
