La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia ante la Justicia por el supuesto "espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías" realizado por la propia AFI durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), por quien se solicitó que fuera llamado a indagatoria.
Las repercusiones no tardaron en encender la llama de las discusiones políticas, que no son nuevas cuando se trata de los servicios de Inteligencia en el país, desde hace décadas acusados de llevar a cabo vigilancia ilegal a pesar de los intentos de depuración.
"Me llama la atención que mi partido no diga nada sobre el espionaje ilegal de Cambiemos. Debería salir reclamar que se investigue a fondo la situación para que la Justicia determine los hechos y eventualmente las responsabilidades", dijo en una entrevista radial Ricardo Alfonsín, referente del partido político Unión Cívica Radical (UCR).
También se sumó a las críticas el famoso conductor televisivo Marcelo Tinelli, vinculado al peronismo oficialista, quien aseguró que la vigilancia era sobre llamados telefónicos y mensajes electrónicos, además de utilizar la información confidencial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad encargada del fisco a nivel nacional.
Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede
— marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020
En tono defensivo
El extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el Gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, atacó al empresario mediático. "Aparece Tinelli, pueden aparecer mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’. La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción", acusó en entrevista radial.
"Si esto es una venganza porque yo en mi carácter de periodista publiqué, porque tenía el interés público, escuchas que fueron ilegales, se le va a ver el hilo al títere. Yo no tengo ningún problema, publiquen todo lo que tengan que publicar, pero ojalá que esto no sea una 'opereta' [operación política y mediática], que sea de buena fe”, se descargó el conductor y columnista Luis Majul, uno de los principales líderes de opinión más críticas al peronismo, que está incluido en la lista de presuntos vigilados por la administración de Cambiemos.
Espías bajo vigilancia
El 5 de marzo pasado, Alberto Fernández publicó un decreto por el que la AFI ya no podrá ser auxiliar en investigaciones criminales que llevan adelante los jueces penales federales ni realizar funciones policiales, en un nuevo intento por limpiar un organismo criticado por su oscurantismo.
La responsabilidad de la AFI se volvió evidente luego de que estallara a principios de 2019 un complejo escándalo de escuchas telefónicas criminales, que involucra al periodismo, la Justicia, los servicios de inteligencia y la clase política, denunciados de orquestar una vigilancia ilegal a funcionarios públicos y empresarios y de estar involucrados ilegalmente en investigaciones judiciales.
Sectores de todas las fuerzas políticas abogan por la desarticulación del organismo, aunque el Gobierno actual busca su intervención, transparencia y limitar su accionar a la coordinación en materia de Seguridad nacional, sin injerencia en asuntos internos.
He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 4, 2020
La AFI fue creada en 2015 en el último año de mandato de Cristina Fernández para reemplazar la Secretaría de Inteligencia (más conocida por sus siglas anteriores, SIDE: Secretaría de Inteligencia Del Estado) y desplazar a la cúpula del organismo, en un intento de depurar el aparato.
El poder real de estos organismos, que se teje en el anonimato, y denunciados a lo largo de tres décadas por sus vínculos espurios con la política y el aparato judicial, están hoy —y seguirán estándolo— bajo escrutinio público.
