"El Ministerio de Protección de los Ciudadanos en cooperación con la alcaldía de Atenas parece estar intensificando el proceso de legalización de al menos 600 burdeles en Ática [sur de Grecia], siguiendo el modelo holandés", escribió.
El titular de Protección de los Ciudadanos, Michalis Chrysochoidis, anunció que quiere imponer orden en este sector, señalando que la explotación incontrolada de los prostíbulos amenaza con propagar el coronavirus y entraña otros peligros, al estar vinculada con la infracción de las leyes y la corrupción.
Los directivos de la Policía griega pidieron a los respectivos servicios registrar los prostíbulos y propusieron enmendar la ley 2734/1999 al considerarla ineficaz.
Según estudios, al menos un millón de griegos (siendo la población del país de once millones) recurre a servicios de prostitutas, que se calculan en alrededor de 20.000, pero de las cuales solo 2.000 tienen licencia.
Hace unos años la alcaldía de Atenas propuso reducir hasta 100 metros la distancia admisible e introducir otras enmiendas en dicha ley, pero sin resultado.
Tras declararse la pandemia del COVID-19, el Gobierno suspendió el funcionamiento de los burdeles, y ahora deberá decidir cuáles cerrar, porque la mayoría son ilegales.
Citando declaraciones de altos cargos de la Policía, el periódico Vima también señala que la base jurídica vigente no permite investigar la actividad de las redes de trata de personas, excepto casos en que se recibe la denuncia de una víctima de explotación sexual, así como comunica que se conocen numerosos casos de policías que encubren la prostitución a cambio de remuneración.
