"La Capitana General de las Fuerzas Armadas en este momento es la señora Jeanine [Añez] y los militares la desconocieron, vinieron y dejaron una nota a la Asamblea Legislativa sin tener una previa coordinación. ¿Tenían que ingresar tantos para dejar una nota? ¿Tenían que hacer declaraciones amenazantes con ultimátum?", cuestionó la líder parlamentaria Eva Copa.
El pronunciamiento fue divulgado al día siguiente de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento), controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), decidiera investigar varios casos de corrupción del Gobierno de Áñez, incluida la compra de equipos hospitalarios para la lucha contra la pandemia de COVID-19.
Copa, del MAS liderado por el depuesto expresidente Evo Morales, señaló que el órgano legislativo se consideraba ofendido no solo por la actitud militar sino también por el abierto respaldo que la amenaza castrense recibió del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, uno de los más cercanos colaboradores de Áñez.
Amenaza militar
El pasado jueves 21, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana y los demás miembros del alto mando militar se presentaron, sin previo aviso, en el Senado, en trajes de campaña, para dejar una nota de respuesta a observaciones de los parlamentarios a una lista de ascensos militares.
El Parlamento, en su sesión bicameral del 25 de mayo, aprobó una resolución que rechaza la acción militar por inconstitucional, exhorta a la presidenta transitoria Áñez a hacer respetar su investidura como capitana general y recuerda que las Fuerzas Armadas "son obedientes y sujetas a las leyes".
Copa reafirmó que el Senado tiene, por mandato constitucional, la atribución de aprobar o rechazar los ascensos a generales y almirantes, que deben ser propuestos solo por la presidenta y no por la cúpula castrense.
“Nosotros somos muy respetuosos de estas dos instituciones, las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, pero también hay que recordar que existen conductas que se tienen que seguir para hacer el tratamiento de este tema", añadió.
Sobre el anuncio del ministro Murillo de que los líderes parlamentarios podrían ser acusados de incumplimiento de deberes por demorar los ascensos militares y por investigar al Gobierno, la presidenta del Senado dijo que no se sentía atemorizada.
Agregó que el Parlamento boliviano denunciará las amenazas militares y gubernamentales a organismos internacionales.
El Parlamento enfrentó también al Gobierno de Áñez a fines de abril, cuando Copa promulgó una ley para reactivar el proceso electoral suspendido por la pandemia y que había sido devuelta por la Presidenta, quien es también candidata.
Por esa ley, que parlamentarios afines al Gobierno han demandado ante el Tribunal Constitucional, las elecciones se realizarían a más tardar el domingo 2 de agosto.
