Argentina entró en su noveno default, pero su estrategia de negociación en tono de "buen deudor" —en palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, parece estar teniendo resultados alentadores a pesar de todo y por el momento no se espera que los acreedores más duros se decidan por resolver el conflicto en los tribunales internacionales.
El 22 de abril pasado, el país austral tenía en calendario el pago de más de 500 millones de dólares. El Gobierno ofreció una propuesta y se extendió el plazo para negociar durante un mes. Ese plazo venció.
El Gobierno intenta canjear 21 títulos por 10 nuevos bonos por más de 66.000 millones de dólares. Estos son 17 títulos emitidos durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y cuatro bonos de un canje anterior de 2010.
La oferta incluye un período de gracia de tres años, una extensión de los plazos, una quita del capital de 5,4 % y un recorte de intereses de 62 %. La quita total promedio ronda el 33 %, que aún representa un 2,5 % de ganancias, lo cual no es poco en un mercado internacional con tasas que tienden a cero.
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo?
Argentina ofreció 40 centavos por cada dólar, mientras que los principales acreedores pretenden entre 55 y 60 centavos por dólar. Un grupo de acreedores estaría dispuesto a acercarse al rango de entre 52 y 55 centavos por dólar. Estos son los tenedores de bonos que ya fueron reestructurados en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Pero solo si el Gobierno está dispuesto a ceder para encontrar un punto intermedio.
"Los bonos tienen una cláusula de aceleración que dice que, en caso de que Argentina 'defaultee', los acreedores podrán exigirle el pago del total de la deuda. Obviamente, si alguien 'defaultea' es porque no lo puede pagar. Para salir del 'default', o se llega a un acuerdo con los acreedores o se paga todo el capital con los intereses adeudados, pero en general esto no sucede, los gobiernos prefieren ir a juicio", explicó Spotorno.
La respuesta a la nueva disposición del Gobierno fue leída con buenos ojos por el mercado. Los ADR (acciones de respaldo internacional) de compañías argentinas registraron ganancias de 2 % en dólares y los bonos soberanos de referencia subieron 1,5 %, en promedio.
La crisis de deuda es mundial
El equipo económico argentino lleva desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, un complejo proceso de negociaciones multilaterales por los diferentes vencimientos de deuda soberana.
Argentina tenía a finales de 2019 una deuda total de 323.000 millones de dólares, 41 % con inversores privados, 14 % con el FMI, 36 % con otros organismos de crédito y 9 % con otras agencias estatales.
Lo cierto es que, aun si la Argentina paga, el contexto de crisis internacional evidencia un clima de huida de capitales financieros desde los países emergentes hacia los centrales y difícilmente se pueda esperar en el corto plazo la entrada de nuevas inversiones extranjeras.
Argentina entró en default en 2001, después de la crisis conocida como argentinazo que derivó en la caída del presidente Fernando de la Rúa. En ese momento el monto fue de alrededor de 100.000 millones de dólares. En 2005 y 2010 Argentina realizó dos canjes de deuda a los cuales ingresaron 93 % de los acreedores. El 7 % restante no aceptó y demandó al país en los tribunales de EEUU, hasta que el Gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con los bonistas en 2016, conocidos como fondos buitre.
Ahora, la crisis de deuda internacional preexistente, sumada a las necesidades de alivio financiero que provoca la pandemia de coronavirus, puso en jaque las economías de todo el planeta. Existen más de 80 naciones con economias emergentes que solicitaron algún tipo de perdón o cancelación de parte de sus deudas con los organismos multilaterales.
Un reclamo similar unificó al conjunto de los países de África. El Premio Nobel de la Paz y primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, el presidente de Senegal, Macky Sall, y el primer mandatario de Sudáfrica y de la Unión Africana (UA), Cyril Ramaphosa, son tres de las principales figuras en demandar la cancelación de las deudas con la Unión Europea (UE), a la que adhirieron en masa el resto de las naciones del continente.
