"Si bien las medidas de confinamiento están pensadas para proteger a la población en general, en el caso de mujeres que tengan que cumplir ese confinamiento con sus agresores la cosa es distinta, ya que las expone a mayor violencia", dice a Sputnik la abogada Selene Soto, de Women's Link Worldwide, una organización no gubernamental que sigue las violaciones de derechos humanos contra las mujeres en diferentes países de la región.
Sólo en Colombia, el aumento de las denuncias por violencia contra la mujer fue de 163% en abril frente a igual periodo del año pasado, según datos tomados por la línea de atención 155. Esto obedece al confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno desde el 25 de marzo y que se ha prolongado, por ahora, hasta el 25 de mayo.
"Entre el 22 y el 31 de marzo de 2019 se atendieron 517 llamadas en la línea 155, mientras que entre el 20 de marzo y el 7 de abril de 2020 se atendieron 2.054 llamadas. Así que las medidas de cuarentena están impactando a las mujeres de manera específica", detalla Soto.
Confinamiento = violencia
ONU Mujeres sostiene que "menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito", un porcentaje que puede ser aún mayor en la actualidad, cuando se dificulta el acceso a comisarías de Policía, juzgados e incluso a líneas de atención telefónicas.
La cosa puede ser aún peor. Según la Fiscalía de Colombia, desde que comenzó la emergencia en el país hasta finales de abril se registraron 19 femicidios, tiempo durante el cual también recibió más de 3.000 denuncias relativas a violencia intrafamiliar, de las cuales cerca de la mitad estaban relacionadas con delitos sexuales.
Soto asegura que de no adoptar las medidas necesarias para frenar esta racha de violencia en medio de la pandemia, lo que ocurrirá es que una vez se supere la misma las mujeres y niñas de la región habrán quedado en mayor situación de vulnerabilidad.
DDHH, afectados por COVID-19
Pese a los discursos demagógicos de varios gobiernos de la región, lo cierto es que la COVID-19 ha servido para sacar a la luz sus debilidades administrativas, que por acción u omisión terminan por violar los derechos humanos de la población.
"La dubitación entre ciencia y política, esta falta de datos acompañada de una actuación muchas veces farandulera por parte de gobernantes, hace que las grandes violaciones a los derechos humanos se hayan acentuado en medio de la pandemia", dice a Sputnik el juez Patricio Pazmiño, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según Pazmiño, "es ya un lugar común" que el elevado número de contagios se concentra en sectores sociales de alta vulnerabilidad, como indígenas y afrodescendientes, "para quienes las necesidades básicas insatisfechas son un factor coadyuvante en los contagios".
🇨🇴 Las comunidades indígenas del Cauca, en #Colombia, están en el ojo del huracán de la violencia. Ahora se ven obligados a soportar la #cuarentena en la pobreza, casi sin ayuda estatal y a merced de las balas de grupos armados ilegales
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 30, 2020
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#⃣ #Cauca
¡Y vaya que tiene razón! El Amazonas colombiano es una muestra de ello, pues los casos de coronavirus crecen de manera alarmante desde hace sólo un par de semanas y los contagios ya suman 924, lo que significa que 90 de cada 10.000 habitantes de ese departamento están diagnosticados con COVID-19, la tasa más alta del país.
Al respecto, Pazmiño sostiene que la Comisión "se está proveyendo de datos y de información", y como al mal tiempo, buena cara, destaca que la pandemia ha servido para poner en tensión a los organismos de protección de los derechos humanos y los obligará a actualizar los mecanismos de recepción, resolución y decisión de este tipo de denuncias.
"Hay que dejar atrás la entelequia. No sea que debamos esperar años para generar un precedente importante ante graves violaciones", concluye.
