Inquilinos y propietarios en el limbo de la cuarentena en Argentina

El coronavirus trastocó los planes de todos los argentinos, pero aquellos que estaban en pleno proceso de mudanza o renegociación de alquileres llevan dos meses de complicaciones inesperadas, con inquilinos impedidos de ingresar y deshabitar viviendas o de afrontar costos, y propietarios que no pueden cobrar alquileres vencidos ni conseguir nuevos locatarios.

"El 18 de marzo señamos un departamento y el 20 comenzó el Aislamiento. La dueña no pudo empezar a gestionar los trámites previos al alquiler así que nos quedamos los cinco integrantes de mi familia en un dos ambientes, con la nena durmiendo en el piso", dijo a Sputnik Elena Gross, administradora del grupo Inquilinos Autoconvocados, creado para exigir un permiso de mudanza para casos particulares durante la pandemia.

Elena contó que los hijos de su pareja comenzaron a vivir con ellos a partir de principios de marzo ya que la madre de los pequeños es enfermera, expuesta al contagio de COVID-19, y decidieron que lo mejor sería cumplir una cuarentena estricta, principalmente porque ella es paciente oncológica.

Las provincias de Mendoza y Córdoba autorizaron mudanzas únicamente interdistritales, sin la posibilidad de trasladarse fuera del mismo municipio ni a otras ciudades. En la provincia de Buenos Aires, donde vive más de una tercera parte de la población nacional, no hay un criterio definido y hasta el momento solo el partido de San Isidro, en la zona norte del conurbano, habría habilitado las mudanzas locales.

​"Todos buscamos una mejor calidad de vida, nadie quiere ponerse en riesgo ni poner en riesgo a otros. Pedimos que las mudanzas sean una actividad esencial pero siempre con un protocolo y siempre manteniendo la vigencia de que quienes necesiten quedarse donde están puedan hacerlo, se siga respetando el congelamiento de los alquileres y se siga manteniendo que no se pueda desalojar a nadie", pidió Elena.

Protección de derechos

Con el objeto de resguardar el derecho a la vivienda y evitar los desalojos, el Gobierno nacional estableció por decreto a fines de marzo la prórroga automática de los contratos hasta el 30 de septiembre con cuotas congeladas y prohibió la anulación de alquileres, así como cualquier acto de evicción sobre posibles morosos o ante el vencimiento de contratos durante este periodo.

Además, está vedado que se exija el pago de alquileres si los nuevos inquilinos que debieron haber ingresado no pudieron mudarse. Para evitar el contacto entre partes, los alquileres se puedan pagar vía transferencia bancaria, por lo que los propietarios o las inmobiliarias intermediarias están en la obligación de proveer a quienes rentan los datos de una cuenta y no pueden obligar al pago en efectivo.

Un sondeo realizado por la ONG Inquilinos Agrupados, de la ciudad de Buenos Aires, miembro de la Federación de Inquilinos Nacional, arrojó que solo la mitad de los arrendatarios recibió de parte de los dueños esta información. Además, asegura que seis de cada 10 inquilinos a nivel nacional no podrá pagar la cuota de mayo debido a las reducciones de salarios o las pérdidas de empleo.

​Por otro lado, una encuesta realizada por la plataforma virtual inmobiliaria Zonaprop lanzó que 71,2 % de los más de 6.000 consultados afirmó que necesita mudarse de forma urgente pero que el Aislamiento obligatorio les impidió llevar adelante la operación o el traslado.

Estos son algunos de los resultados:

• 30,8 % necesita mudarse porque se venció su contrato durante la cuarentena.
• 17,7 % firmó un contrato nuevo contrato de alquiler pero no pudo mudarse por el aislamiento.
• 12,2 % no puede seguir pagando el valor de su alquiler actual y necesita mudarse.
• 4,6 % tiene que vender su propiedad por necesidades económicas y el contexto lo limita.
• 3,1 % compró un inmueble pero no pudo tomar posesión y tuvo que seguir pagando alquiler.