"El señor Miguel Ceballos no parece un comisionado de Paz sino un delegado para la guerra, celebra que un país garante del acuerdo de paz de Colombia sea incluido en la lista de 'ayudantes del terrorismo'. Por ello decidimos suspender nuestra participación en la CSIVI", anunció la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en su cuenta de la red social Twitter.
El señor @ceballosarevalo no parece un @ComisionadoPaz sino un delegado para la guerra, celebra que un país garante del acuerdo de paz de Colombia sea incluido en la lista de "ayudantes del terrorismo". Por ello decidimos suspender nuestra participación en la CSIVI. pic.twitter.com/nntk1p1y4k
— FARC (@PartidoFARC) May 14, 2020
A su vez, en diálogo con la emisora local W Radio, el delegado del partido en la CSIVI, Jairo Estrada, recordó que Cuba es uno de los países garantes del Acuerdo de Paz (suscrito en noviembre de 2016) y que su papel es importante para garantizar la implementación de los compromisos adquiridos.
El miércoles, Ceballos celebró que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera a Cuba en su lista de países que "no cooperan completamente" en la lucha antiterrorista y aseguró que la medida es un apoyo al Gobierno colombiano.
"Esta respuesta del Gobierno de Estados Unidos apoya la posición que ha tenido el Gobierno colombiano y que seguirá teniendo exigiéndole a todos los países donde tienen presencia efectivos del ELN y de las disidencias de las FARC que hagan entrega a la justicia", dijo Ceballos.
El Gobierno colombiano rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN en febrero de 2019, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.
A raíz de ese hecho, Colombia pide en extradición a diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en La Habana, pero el Gobierno de la isla se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz firmados con la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.