"El Decreto Supremo 4.231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado", dijo la oficina local de la OACNUDH en una declaración vía Twitter.
4. El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
La declaración surgió al día siguiente de que, ante una ola de rechazo interno y externo, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez ratificara esa disposición enmarcada en las reglas de la pandemia contra la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.
La norma, que amplió el alcance de una anterior disposición del Gobierno que tipificó como delito penal a la difusión de informaciones que pudieran provocar incertidumbre en la población, fue incluida la semana pasada en un conjunto de reglas adicionales de la actual cuarentena en Bolivia.
La declaración de la OACNUDH ratificó un reciente informe del Relator de la ONU sobre Libertad de Expresión en sentido de que "la penalización de la desinformación es desproporcionada".
La misión en Bolivia de la OACNUDH añadió que estaba dispuesta a colaborar al Gobierno de Áñez en la modificación del decreto, que fue rechazado previamente por las organizaciones de dueños de diarios y de periodistas del país.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Comisión Inrteramericana de Derechos Humanos y el grupo Human Rights Watch exigieron también la anulación de la norma.
