Escobar Mejía estaba recluido desde enero en el centro Otay Mesa, en San Diego (California), que tiene la mayor cifra de contagios en instituciones de este tipo, entre detenidos y personal. Se reportaron 202 casos de COVID-19 en una población total de 960 reclusos, de los cuales 660 son migrantes.
Las personas bajo custodia del ICE representan el 0,02% de los habitantes de San Diego pero el 3,3% de los positivos del brote en el Condado.
"Este es el centro de detención con más casos de COVID-19 confirmados. Aquí no se pueden seguir las medidas de seguridad y el distanciamiento social. En EEUU muchos centros de detención son privados, y su único interés es generar dinero: mientras más detenidos, mayor ganancia", dijo a En Órbita Alex Guzmán, integrante de la organización Otay Mesa Detention Resistance.
La entrevistada acusó que estos centros "hacen lo que sea para ahorrar costos y no brindan lo necesario a las personas, que durante semanas no tuvieron personal en la cocina, comiendo alimento pasados e insuficientes". Además, los detenidos denuncian apremios, intimidaciones y castigos por pedir mejores condiciones.
Escobar Mejía había llegado a EEUU con su familia en los años 80, escapando de la violencia de El Salvador durante la Guerra Civil (1980-1992). Todos sus familiares obtuvieron la ciudadanía, salvo él.
Previo a su muerte, estaba a punto de cumplir 58 años, sufría de diabetes, había pasado por varias cirugías y se trasladaba en silla de ruedas. El 15 de abril tuvo una audiencia con el juez Lee O’Connor, que no le permitió la excarcelación por un cargo de violencia doméstica que finalmente correspondía a otra persona.
"Su familia ahora está pasando por momentos muy difíciles y ha expresado su frustración hacia el juez. Carlos hubiera sido, por su situación de vulnerabilidad, una de las personas en la lista para salir. Pero tardaron mucho y tuvimos estas consecuencias", lamentó la integrante de la organización Otay Mesa Detention Resistance.
Colombia: indígenas bajo amenaza
El pueblo Awá, asentado en el departamento de Nariño, Colombia, sufre las prácticas del Gobierno y de grupos paramilitares en su territorio, a lo que se suma la crisis por el coronavirus. Aunque la población está en cuarentena, eso no ha impedido que funcionarios estatales ingresen a sus territorios y reinicien la erradicación de cultivos de coca.
"Mientras nosotros obedecemos la cuarentena, el Gobierno está con sus políticas tratando de militarizar territorios, de erradicar cultivos, dijo a Sputnik Rider Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UIPA.
"La gente está defendiendo sus cultivos, que han sido la única alternativa de poder buscar sus medios económicos", agregó.
Poco menos de un mes después, el 22 de abril, la Policía Antinarcóticos asesinó a Ángel Artemio Nastacuas, de 35 años, tras enfrentamientos con la comunidad indígena y campesina del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en Ricaurte.
Israel rompe la mala racha
El país tendrá un Gobierno de Unión entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz. Ambos políticos prestarán juramento el 13 de mayo, dando fin a la crisis política más larga de la historia moderna del país.
El Parlamento decidió con 71 votos a favor y 37 en contra. El mandato del Ejecutivo se redujo a tres años. El cargo de Primer Ministro será rotativo: el líder del partido Likud ejercerá el primer año y medio y será reemplazado por Gantz con igual plazo.
El juicio comienza el 24 de mayo en el tribunal del distrito de Jerusalén, luego de haber sido pospuesto por la pandemia del coronavirus. El proceso podría demorar varios años en función de la estrategia de sus abogados.
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