"Miles de reclusos y funcionarios de prisiones ya se han contagiado [con el COVID-19] en América del Norte y en América del Sur. En muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a las visitas familiares prohibidas, provocó protestas y disturbios, a veces muy violentos", destaca el comunicado.
"Cuatro días antes, el pasado 27 de abril, una revuelta se produjo en la prisión de Miguel Castro Castro en Perú, dejando nueve reclusos muertos. El pasado 21 de marzo, 23 presos murieron después de que las fuerzas de seguridad intervinieran para reprimir los disturbios en la prisión La Modelo en Colombia", señala la nota.
Otros episodios similares, incluidos intentos de fuga, se detectaron en centros penitenciarios en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, según el portavoz.
"La escala y la gravedad de los incidentes mencionados parecen indicar que en algunos casos los Estados no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la violencia en centros de detención, y que los agentes estatales pueden haber cometido violaciones con el uso de la fuerza, intentando recuperar el control de estos centros", indicó Colville.
"Llamamos a los Estados a que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y las lesiones en los disturbios, incluida toda denuncia del uso de la fuerza por parte de agentes estatales", expresó el portavoz en su comunicado.
Agregó que en cárceles de El Salvador se impusieron medidas de seguridad "extremadamente severas", lo que puede resultar en un trato cruel, inhumano o degradante y agravar las condiciones de higiene, ya precarias.
"Instamos a los Estados a adoptar medidas adecuadas para prevenir una mayor propagación del virus, asegurando condiciones sanitarias, acceso generalizado a pruebas y a la atención médica para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal penitenciario", dice la nota.
Colville añadió que las autoridades deben garantizar que los presos tengan un nivel mínimo de contactos con sus familias, así como el acceso adecuado a alimentos y agua potable; además, hay que proporcionar información sobre el impacto que tiene la enfermedad en los reclusos y el personal penitenciario.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a las personas más vulnerables ante el COVID-19.
"Sin embargo, es necesario adoptar medidas más amplias para reducir niveles extremos de hacinamiento, tales como la liberación de otras categorías de reclusos que sirven sentencias cortas por crímenes no violentos, niños y personas detenidas por delitos de inmigración", recalcó Colville.
