"Expresamos nuestra preocupación por el incremento de los casos de covid-19 en la Amazonía ecuatoriana. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos advierte que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los pueblos y nacionalidades indígenas", consigna un comunicado difundido por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.
Según estas organizaciones, la población amazónica podría estar expuesta a contagios comunitarios y no se han tomado medidas adecuadas para mitigar sus impactos.
Entre los pueblos indígenas amazónicos existe preocupación ante la detección de dos casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del bloque petrolero 16, operado por la empresa Repsol YPF, que tiene sus actividades en el territorio Waorani.
Además, según el comunicado, en el territorio de la Comuna Kichwa El Edén, en Orellana, donde opera la estatal Petroamazonas el Bloque Edén-Yuturi, se ha dado rotación de personal, a pesar de la falta de socialización de protocolos, y en el caso de las contratistas, ausencia de protocolos.
La alianza informó que la paciente, quien hasta la fecha es asintomática, había tenido contacto con la mayoría de las 80 familias de la comunidad, por lo que se decidió mantener a toda la comunidad en un cerco epidemiológico durante 15 días.
Sin embargo, según el comunicado, la comunidad no ha sido dotada de implementos de bioseguridad, los kits de alimentos han sido insuficientes para el cumplimiento del cerco, y no han sido sometidos a pruebas PCR para confirmar o descartar la existencia de más casos.
El comunicado añade que el 27 de abril, al cumplirse 15 días de aislamiento, se levantó el cerco epidemiológico porque nadie presentó síntomas, sin tomar en cuenta que hay personas contagiadas que son asintomáticas.
