En los últimos días, los hogares de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires se transformaron en foco de atención por el alarmante aumento de casos confirmados de coronavirus entre sus residentes y empleados. Los brotes pusieron en discusión la capacidad de estos establecimientos para evitar transformarse en trampas mortales, como ocurrió en Europa y Estados Unidos.
"Tenemos el ejemplo muy concreto de lo que pasó en España, donde 50 % de los adultos mayores fallecidos fue en internación, mientras que en Alemania no hubo fallecidos en institutos, y esto tiene que ver con algo que venimos insistiendo desde hace tiempo, que es el testeo permanente tanto del personal como de los residentes", dijo a Sputnik Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
En Argentina hay 7 millones de personas mayores de 60 años, correspondiente a 14 % de la población, según datos del último Censo de 2010. Se trata del tercer país más envejecido de Latinoamérica. El primero es Uruguay, con 18 % y 630.000 mayores de 60, según cifras de 2013.
De acuerdo al Censo, en la Argentina existen más de 3.500 residencias de larga estadía, aunque estimaciones no oficiales calculan que actualmente serían más de 5.000, incluyendo muchas no inscriptas en los registros. En Uruguay hay alrededor de 900 de estas instituciones, pero se informó que la gran mayoría no cuenta con habilitación gubernamental.
Cronología de contagios y muertes
El primer caso registrado en un asilo de ancianos argentino fue el de la víctima número 17 por coronavirus detectada en el país. Una mujer de 82 años murió el jueves 26 de marzo y se confirmó post mortem que tenía SARS-CoV-2, lo que llevó a que se iniciara el protocolo sanitario donde vivía, el Geriátrico Modelo Cervantes, ubicado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield.
Trasladado desde el asilo de ancianos Beit Sion, del barrio porteño de Flores, murió un adulto mayor por coronavirus el 7 de abril, después de estar internado desde mediados de marzo. Al momento, hay otras 40 personas internadas pero estables: 35 residentes, cuatro empleados y un médico.
En el hogar San Lucas, ubicado en el barrio de Parque Avellaneda, fueron detectadas y luego internadas ocho personas con COVID-19 el 18 de abril, pero una murió al día siguiente. De aquí hay 18 infectados confirmados, incluida una enfermera, y fueron evacuados otros 45 residentes, aún a la espera de resultados.
El 22 de abril, la policía clausuró el geriátrico Apart Incas, en el barrio de Belgrano, luego de que fueran evacuados 19 pacientes con COVID-19 la víspera. Horas después, murió una de las mujeres y, según familiares de los residentes, serían 30 el total de personas contagiadas, entre ancianos y empleados.
Además de los brotes en la ciudad de Buenos Aires, se registraron 66 contagios y cuatro muertes en el hogar Santa Lucía, en el pueblo de Saldán, provincia de Córdoba, además de por lo menos dos muertes en dos geriátricos en las localidades de San Martín y Moreno, provincia de Buenos Aires.
Protocolos y accionar de autoridades
Como respuesta a la seguidilla de casos, el ministerio de Salud porteño informó que el 23 de abril puso en movilización a 80 inspectores para fiscalizar casi 500 geriátricos que hay en la ciudad de Buenos Aires, que tienen capacidad para 25 mil plazas, según el Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores.
El protocolo establecido impide el ingreso de visitantes y personal no estable, determina criterios para la atención de proveedores de insumos y médicos, además de ordenanzas de higiene y desinfección. A diferencia de hospitales y centros de salud, las residencias no cuentan con empleados profesionales ni existe un estándar de asepsia y esterilización.
"Es una actividad que se basa en el recurso humano, en los trabajadores del sector, que no son considerados personal de la salud y son muy mal pagos. Esa planta de personal en la mayoría de los establecimientos es la mínima exigida por la ley, y se vio disminuida entre un 15 y 20 % con la cuarentena porque tuvieron que licenciar a la población de riesgo", explicó Semino.
Agrupaciones de propietarios de asilos privados reclamaron que el Gobierno realice testeos masivos a residentes y empleados cada 15 días y una mayor contención estatal. Las autoridades porteñas aseguraron que podrían modificar el protocolo de acción vigente para establecimientos privados y públicos.
