"Me golpearon con unas pedradas grandes porque denunciamos que invadieron nuestro ejido para conectarse a la red eléctrica que está en propiedad privada, para hacer funcionar doce pozos ilegales (de extracción de agua subterránea) para 16000 plantas de nogal que tienen plantadas", relató a Sputnik uno de los campesinos que forma parte del ejido Constitución, una zona rural en el municipio de Ahumada, al noroeste del fronterizo estado de Chihuahua.
La familia LeBarón ganó notoriedad pública cuando pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que catalogue como "organizaciones terroristas extranjeras" a los grupos paramilitares activos en México, tras el asesinato de nueve integrantes de su familia en este mismo estado, a comienzos de noviembre de 2019.
"Nosotros no tenemos problema con que tengan nogales en su terreno o que sean norteamericanos, el problema de nosotros es el agua", señaló el campesino agredido quien pidió anonimato por temor a represalias.
Conflicto en Constitución
Los ejidos son una forma de propiedad común creada por la Revolución mexicana para fomentar la producción local de alimentos y garantizar la permanencia de la población rural en su territorio ancestral. Así como las comunidades indígenas, los ejidos son responsables de buena parte de la producción del alimento que se consume en México y del cuidado de los recursos naturales que los rodean.
"En la comunidad tenemos alrededor de 80 pozos de los que unos 12 o 15 ya no sirven, incluso el que abastece de agua potable al ejido, pero a nosotros no se nos permite reponerlos, ¿cómo es posible que se decrete una veda por ser una zona sobreexplotada y que ellos estén perforando a lo loco?", señaló el ejidatario que conversó con Sputnik.
Según los datos que recabó la población local, en el rancho La Mojina de los LeBarón existen 12 pozos de extracción de agua subterránea que extraen aproximadamente 120 litros de agua por segundo, mientras los de la comunidad y el pueblo extraen entre 12 y 30 litros por segundo.
"Nos van a secar, pero si nos vamos a morir de sed, antes nos morimos en la raya, luchando por lo que consideramos nuestros derechos. Como habitantes de aquí tenemos derecho a la salud, la educación y la alimentación pero sin agua, no vamos a tener nada de eso", explicó la fuente.
A pesar de haber realizado denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría de protección ambiental (Profepa) y la comisión federal de electricidad (cfe) los LeBarón que gestionan La Mojina se han opuesto a la fiscalización de las autoridades mexicanas en su rancho y han continuado con su proyecto de producción de nueces, aun cuando su terreno tiene un uso de suelo que permite actividad ganadera y no agrícola, como señalaron los afectados.
Así, en un nuevo conato de violencia de parte de la familia mexicoestadounidense ocurrido en la noche del domingo 19 de abril y nuevamente en la mañana del lunes 20, agredieron a los ejidatarios de Constitución cuando intentaban extender a su terreno la red de energía eléctrica para conectar los pozos de extracción que hasta el momento, mantienen funcionando con diesel. Pese a las denuncias realizadas, no se ha investigado su accionar ni interpuesto sanciones a la poderosa familia.
"Nos sentimos abandonados totalmente por las autoridades estatales, municipales y principalmente federales. Nosotros somos campesinos, esa es la ocupación de nosotros y estamos enfrentando una situación muy violenta. Lo que pedimos a la autoridad mexicana es que venga y selle los pozos que no deben de existir. Cuando eso suceda, nosotros nos ponemos a trabajar como antes, pero si no viene, el conflicto va a seguir y necesitamos que se acabe de raíz ya", concluyó el afectado.
Una estructura para el mercado
Julio César Cervantes es integrante de la Central Campesina Cardenista, una de las principales organizaciones populares de México que integra una amplia coordinación con otras organizaciones locales, indígenas, ejidales y ciudadanas llamada Agua para todos que ha elaborado una propuesta ciudadana para modificar la 'Ley de aguas' en México.
Esta propuesta ciudadana de una nueva ley de aguas fue presentada ante la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2020, previo al estallido del nuevo coronavirus en México, que ha desplazado la atención de todos los otros temas prioritarios, incluso cuando el acceso al agua es una de las principales garantías sanitarias para prevenir el avance del contagio de la pandemia.
"Las amenazas de la familia LeBarón a los ejidatarios de Constitución han sido contantes durante los últimos años, así como las de integrantes del crimen organizado. Hay también afectaciones en los ejidos del país por la presencia de megaproyectos, intereses personales y políticos en torno al acceso al agua", señaló Cervantes.
Cervantes explicó que desde su concepción, los ejidos que tienen una forma única en el mundo de propiedad colectiva de la tierra no tendrían que pedir permiso de concesiones de explotación del agua que está en el subsuelo que les fue otorgado. Sin embargo, en el año 2016, la Comisión Nacional del Agua lanzó una convocatoria para renovar los permisos mediante un sistema digital que permite que cualquier persona pueda pedir un cupo de agua en México, sin tener que vivir en el sitio o tener terrenos allí.
"Así, muchas empresas pasaron a escudarse en títulos de concesión de agua de ciudadanos individuales. En México, uno puede pedir una concesión para extraer un millón de metros cúbicos al año diciendo que es productor de algodón y luego en lo oscuro, vender esos cupos de agua de manera ilegal a las empresas vecinas que no tienen permiso. Así, difuminan el acceso al agua sin tener que pagar derechos por el recurso", explicó Cervantes.
El representante de la Central campesina cardenista explicó que esta es una crisis ampliamente extendida en toda la zona norte de México, y que esa esta es la situación de urgencia que ha provocado la redacción de una nueva ley de aguas, que efectivamente garantice su abastecimiento para toda la población, particularmente para aquellos sectores que —como los ejidatarios de Constitución — son pilares en soberanía alimentaria de los mexicanos.
"La Conagua sobreconcede permisos de extracción de agua sin considerar si una zona corresponde al uso de una comunidad o ejido rural; tampoco tiene mecanismos para saber cuánta agua están extrayendo esas concesiones del subsuelo mexicano", señaló el experto, quien fundó en este motivo la participación del amplio sector popular campesino que se unió en la elaboración de una nueva ley de aguas para México.
"La propuesta ciudadana de esta nueva ley de aguas no busca afectar a las empresas, sino exigir que se garantice el derecho al agua para todos en el país. Hoy, la Conagua no tiene esta finalidad, sino la de repartir el agua a diestra y siniestra a empresas y megaproyectos", concluyó.
