"La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión", indica la norma publicada en el diario oficial El Peruano.
La pena alternativa que propone el Gobierno es el arresto domiciliario.
14 de abril 2020, 15:19 GMT
Según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, la medida permitiría la excarcelación de aproximadamente 2.500 condenados para evitar que se contagien del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.
El Instituto Nacional Penitenciario ha indicado que la infraestructura de las cárceles en Perú tiene 40.399 plazas, pero la población carcelaria es de 97.643, lo que representa un hacinamiento de 142%.
El Gobierno ha prohibido las visitas a los reos para evitar la propagación del virus, así como ha ordenado que no se admitan nuevos reclusos, que deben permanecer en las carceletas del Poder Judicial.
A la fecha, Perú registra 9.784 contagiados por la enfermedad respiratoria y 216 muertes.
