El COVID-19 amenaza transformar las cárceles colombianas en un holocausto

Los presos colombianos se han movilizado en reclamo de excarcelaciones y elementos sanitarios básicos para protegerse del COVID-19. En las últimas semanas han habido fugas y motines que han terminado con 23 muertos y casi un centenar de personas heridas. Desde el 7 de abril está en curso una huelga de hambre a la que adhirieron reclusos de casi 90 cárceles de las 146 que hay en el país, donde –según Rengifo– hay cerca de 168.000 presos. 

Los reclusos piden a las autoridades que protejan su vida frente a la pandemia, y exhortan al presidente Iván Duque "la expedición urgente de un decreto que autorice la excarcelación de la población mayormente vulnerable", según se escucha en un vídeo que grabaron los encarcelados en La Picota en Bogotá, y al que Sputnik tuvo acceso. Según informó W Radio, los presos presentaron una acción de tutela a la Corte Suprema de Justicia para que ordene la descongestión de la cárcel.

"Para buscar una solución inmediata al problema del COVID-19 en las cárceles, tendría que haber una reforma a la política criminal", resumió Rengifo.

​​A su vez, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Justicia que agilice la expedición del decreto que permitirá las detenciones domiciliarias de algunos presos en el país, luego del fallecimiento de dos internos de la cárcel de Villavicencio (centro) por COVID-19; al día de hoy, hay un recluso que permanece hospitalizado y otros 14 contagios.

"Aquí sufrimos del 500% de hacinamiento, eso es lo peor que tiene el sistema carcelario y lo tiene en alerta máxima. (...) Las cárceles aquí son una bomba de tiempo y en cualquier momento pueden colapsar. Al contagiarse un solo interno, sería un holocausto, una tragedia para el interno y para la guardia porque no hay como aislarlo", advirtió Rengifo.

El 23 de marzo el Gobierno decretó la emergencia carcelaria por el COVID-19 que, en teoría, beneficiaría a madres gestantes o de niños menores de tres años, personas mayores a los 60 años, que sufran alguna enfermedad crónica o tengan una pena de poca duración. Según estima Rengifo, bajo ese decreto se excarcelaría a unas 10.000 personas, cifra que "obviamente no va a representar la disminución del hacinamiento, es algo muy mínimo", objetó. 

​En cambio, el director de la Federación de Pres.o.s de Colombia aseguró que si se aplicara la ley de jubileo que están reclamando los reclusos, se podrían excarcelar a entre 30.000 y 40.000 personas. Se trata de una ley que por única vez concede la rebaja de hasta la quinta parte de la pena a reclusos que cumplan determinados requisitos. "Esto ya una descongestión masiva", señaló Rengifo y agregó que, aunque no sería totalmente la solución", significaría que más internos estén "exonerados del COVID-19". 

A esta medida debería sumársele celeridad en los juzgados de ejecución de pena. Según Rengifo, en Colombia "los jueces de ejecución de pena no dan abasto para dar libertades, entonces [el hacinamiento] no es un problema que se dé porque estemos en una pandemia, esto es un problema que se radica hace más de 10 años", aseguró.

Además de la sobrepoblación carcelaria, subsiste otro problema: la escasez o inexistencia de elementos básicos de protección contra el nuevo brote de coronavirus. Rengifo indicó que ante la situación, el sindicato de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios han advertido que de no contar con los insumos en el correr de la semana, no irán a trabajar a las cárceles. "Si la misma guardia no tiene el equipo de bioseguridad necesario para custodiar los internos... los internos menos lo van a tener", señaló.