Beber, cocinar, higienizarse, regar cultivos, un sinfín de actividades que permiten la vida dependen del agua. Sin embargo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, dos de cada tres personas en el mundo no tienen acceso constante al agua en sus hogares. México es uno de los países latinoamericanos donde este problema está vigente y empeora con el paso del tiempo.
"En el país desde 1992 funciona un sistema de concesiones, que se rige a través de la ley de aguas nacionales de ese año. Consiste en que la Comisión Nacional de Agua —dependencia federal que se encarga de este tema— entrega concesiones que les permiten a particulares contar con pozos o con aprovechamientos de agua superficial. Estas pueden ser solicitadas por cualquier persona y desde entonces, y hasta la fecha, se han entregado entre 400.000 y 500.000 permisos", explicó Gómez.
Esta forma de asignación provocó que mientras algunos lograron acaparar en sus terrenos cantidades ingentes del recurso, importantes cauces de agua que abastecían a comunidades enteras se vieran mermados o directamente secados.
"Hicimos toda una revisión de cómo es que se entregaron estas concesiones y quiénes son los que las tienen. Encontramos que los que tienen el poder económico, político y conocen las puertas que la ley deja abierta para poder acceder a estas concesiones son quienes tienen esta agua. Y han logrado acaparar un número importante de concesiones en México", detalló.
"Por ejemplo, destacan las mineras, las embotelladoras de agua, de cerveza, los políticos, caciques locales y las grandes empresas agrícolas. También las inmobiliarias y los complejos industriales", agregó.
A través de su estudio descubrieron, además, que el abultado número de concesiones por persona respondía al uso del llamado 'mecanismo de transmisión de derechos', que la periodista describió como "una especie de mercado negro" de permisos de explotación, que ha abonado "la desigualdad que vive la nación respecto al acceso del agua".
