La Cámara de Casación Penal pidió "a los jueces que apliquen medidas alternativas como cumplir detenciones en domicilio", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
De acuerdo a los informes de diversos organismos, esta población podría afrontar dificultades para acceder a los derechos de salud e higiene, alimentación, educación y vínculos personales, debido a la falta de suministros y a las deficiencias de infraestructura propias del sistema penitenciario.
El máximo tribunal en la órbita penal consideró que este es un asunto humanitario y prioritario que involucra a dos sectores vulnerables y que existe un contexto de emergencia carcelaria que justifica estas propuestas.
La Cámara estimó que la Ley 26.472, que amplía los supuestos con los que se puede sustituir el encierro, incorporó la posibilidad de que las mujeres embarazadas y con hijos e hijas menores de cinco años puedan acceder al arresto domiciliario.
Un informe reciente de la Procuración Penitenciaria identificó como principales problemáticas las deficientes condiciones materiales de alojamiento, las dificultades en el acceso a la atención médica, también de los menores y la falta de guardias obstétricas y pediátricas continuas.
Además, las malas condiciones en las que se realizan los traslados, las prácticas abusivas tales como las requisas vejatorias, y el aislamiento en el cual llevan adelante sus maternidades debido a la falta de contacto con sus vínculos familiares y sociales.
La cárcel no resulta un ambiente propicio para el desarrollo satisfactorio de un embarazo o la crianza de los niños, observó Casación.
Bajo esta óptica, la Cámara de Casación sugirió a los magistrados que tengan en cuenta estas recomendaciones para las mujeres embarazadas o con hijos que se encuentran privadas de su libertad, en base también a los estándares internacionales.
El Servicio Penitenciario Federal tiene alojados a 14.019 presos, de los cuales 950 son mujeres, cuando la capacidad operativa son 12.694 plazas, lo que refleja una sobreocupación de 10,4%.
