"Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al DIH y otras normas humanitarias; la mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores", dijo Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, informó su despacho.
De acuerdo con el balance, la población civil es la más afectada con el conflicto y la violencia armada que persiste en varias regiones del país, pero las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias.
Durante el 2019 el CICR registró en Colombia 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonales, entre las que se encuentran 159 civiles.
"Los accidentes se presentaron en 13 departamentos del país, entre ellos, los que presentaron mayor aumento de víctimas fueron Norte de Santander, Arauca (nordeste) y Antioquia (noroeste); en estos tres departamentos se registró el 57% de las víctimas", reveló el balance.
En ese mismo año, según cifras oficiales recopiladas por el CICR, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas, lo que "evidencia la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias en las zonas más vulnerables del país".
"El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado; los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio; esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil", indicó Harnisch.
Por último señaló que en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia armada se aprecia el "deterioro de la situación humanitaria" y la "insuficiente respuesta estatal" para garantizar las necesidades mínimas de las comunidades.
