El Gobierno ha aprobado el martes 3 de marzo en el Consejo de Ministros un antreproyecto de ley contra las violencias sexuales con el objetivo de cambiar el paradigma de los delitos de agresiones sexuales. Esta ley, que fue propuesta por Unidas Podemos antes de obtener la vicepresidencia primera del Congreso, castigará entre uno y cuatro años de cárcel los delitos contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento expreso, y que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes.
La ministra de Igualdad, @IreneMontero, explica que la #LeyLibertadSexual se ha aprobado en el Consejo de Ministras gracias a la lucha del movimiento feminista en las calles ♀️
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 3, 2020
⚠️Hoy nos convertimos en un referente internacional en la lucha contra las #ViolenciasMachistas. pic.twitter.com/uYr03ZqCiM
Conlleva una modificación del Código Penal con la creación de nuevos delitos y, sobre todo, acaba con la distinción entre abuso y violación al convertir en el eje central del proyecto la figura del consentimiento, como reclama el Convenio de Estambul, para que quede claro que "solo sí es sí". Una llamada que ya se ha convertido en el nombre por el que es conocida la ley.
Tal y como prometió Montero, la aprobación de este proyecto llegará antes del 8-M para dotarlo de un mayor simbolismo, lo cual produjo reticencias entre los ministros del PSOE que veían la necesidad de pulir algunos detalles del texto que afectaban a los juzgados especializados, para garantizar que no invadía competencias de las comunidades autónomas y que tenía en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
