"Esta es la primera vez que encontramos vínculos de Odebrecht con el constructor favorito del Gobierno de Hidalgo que encabezó Osorio Chong (2005-2011) antes de asumir como secretario de Gobernación (interior) " de Peña Nieto, dijo Olmos, jefe desde 2016 de la investigación sobre la empresa brasileña en la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La firma brasileña subcontrató a una empresa constructora de Hidalgo para la modernización de la refinería petrolera de Tula.
Esa obra fue asignada en 2013 por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante sobornos, según confesiones premiadas de exdirectivos de Odebrecht a la fiscalía de Brasil, consultadas por Olmos.
El hallazgo fue accidental, según Olmos.
"Estábamos buscando en los contratos de Odebrecht otorgados por Pemex para modernizar la refinería de Tula para detectar posibles anomalías e irregularidades", explicó.
Tras distintas peticiones basadas en las leyes de transparencia, "nos entregaron copias de los documentos, pero censurados, testados (eliminados) con manchas negras", dijo.
La información incompleta no funcionaba, pero empezaron a revisar hoja por hoja el contrato Pemex-Odebrecht.
"Descubrimos que venían sellos de empresas que actuaban como subcontratistas de la constructora brasileña, y me topé con que eran empresas del propietario de la residencia donde vivió Osorio Chong en Ciudad de México; así encontramos los pagos de Odebrecht al Grupo Constructor Tulancingo", una compañía constructora de Hidalgo, relató.
"¡Se les escapó tapar los sellos de las empresas beneficiadas!", dijo Olmos con satisfacción.
Esos convenios de subcontratación de Odebrecht fueron ratificados por Pemex para la reconfiguración de la refinería de Tula, cuando la petrolera estatal era dirigida por Emilio Lozoya (2012-2016), que fue detenido el 12 de este mes en España.
Un empresario generoso
Osorio Chong, quien con Lozoya formó parte del equipo de campaña de Peña Nieto en 2012, cuando comenzaron los contactos con Odebrecht, ha negado cualquier vínculo con ese tejido de sobornos y afirma que solo alquiló las casas al contratista.
La Unidad de Inteligencia Financiera actual afirma que tampoco lo investiga.
"Es muy extraño que un alto funcionario federal y exgobernador recurra a un contratista de su entidad para que le alquile una casa, porque lo menos es que comete un posible conflicto de intereses", apunta Olmos.
Olmos, ganador en 2018 del premio internacional anticorrupción Trace junto a 20 periodistas latinoamericanos de la red Investiga Lava Jato, cruzó la información con otro hallazgo de la revista Proceso de 2015.
El dueño de la empresa, Carlos Aniano Sosa Velasco, poseía dos mansiones que habitó Osorio Chong en las exclusivas zonas Bosques de las Lomas y Lomas de Chapultepec, cuando se mudó a la Ciudad de México al asumir el cargo más poderoso del gabinete de Peña Nieto.
"Ese dato despertó suspicacias; son vínculos que resultan clave en un contexto de corrupción en América Latina, donde se recurre a prestanombres para realizar los pagos de sobornos", explicó el investigador.
Odebrecht integró como subcontratistas de la modernización de la refinería de Tula al Grupo Constructor Tulancingo y a Constructora Sky, propiedades del dueño de las residencias de Osorio Chong.
Esa información encajó en el engranaje de la trama de la firma brasileña: las empresas se asociaron con otra pieza clave del rompecabezas.
Al consultar el enorme esquema que armó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ese escándalo, Olmos encontró otro hallazgo: "confirmamos las transferencias de Odebrecht a las constructoras del empresario de Hidalgo, el hombre que rentaba la casa a Osorio Chong".
Otro posible vínculo de tráfico de influencia fue que "observamos contratos donde aparecen funcionarios cercanos a Osorio Chong, entre ellos Nubia Mayorga, actual senadora".
MCCI encontró que Mayorga fue secretaria de Finanzas en el Gobierno de Osorio Chong en Hidalgo y fue invitada a colaborar en la campaña presidencial de 2012 a la que se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.
En agosto de 2017, la senadora negó las acusaciones y ofreció renunciar al secreto bancario.
La buena fortuna de las constructoras de Hidalgo continuó durante el Gobierno de Peña Nieto: recibieron contratos federales por 785 millones de pesos (más de 40 millones de dólares).
La cancillería mexicana prepara la petición formal de extradición de Lozoya desde España, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no investigará a sus antecesores, a menos que un referéndum así lo decida.
