"Asesinan a defensor de derechos humanos de pueblos indígenas, esto se suma a dos muertes más que dejan en la impunidad al Estado de Costa Rica como responsable directo de prevenir estos actos", denunció la abogada Larissa Arroyo, presidenta de la asociación ciudadana Acceder, en su perfil de la red social Facebook.
Arroyo lamentó que, a pesar del trabajo de Acceder para crear un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y un protocolo de investigación, es insuficiente la labor del Gobierno, en particular de la Defensoría de los Habitantes.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas se hizo eco de denuncias en el territorio de Cabagra sobre la invasión de colonos armados a las zonas de Térraba, Crun D'bonn y Cabagra en Palmira, donde levantaron tres campamentos ilegales en tierra de la etnia Bribri.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, condenó a medianoche el asesinato de Rivera y confirmó la detención del sospechoso.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente afirmó que la muerte de Rivera "salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense, que por un lado dice ser abanderado de los derechos humanos, pero que su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país".
"Otro asesinato más con la complicidad e irresponsabilidad del Gobierno y de varios medios de comunicación. ¿Qué estarán esperando las autoridades de Gobierno para actuar, que saquen y aniquilan a todas las poblaciones indígenas de los territorios?", expresó en redes sociales Antonio Ortega, secretario general del Frente Amplio (izquierda).
Este crimen ocurre a pocos días del primer aniversario del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena Bribri de Salitre, ultimado con 15 disparos pese a las medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.
