La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Catedral de Burgos son todas Patrimonio de la Humanidad, tal como lo ha declarado la Unesco, y todas las propiedades de la Iglesia católica. Se dice que por la apropiación de la Mezquita de Córdoba la Iglesia pagó 30 euros, lo que cuesta un taxi del centro de Madrid al aeropuerto o lo que costarían 6 cajetillas de tabaco.
"Esa Ley Hipotecaria decía que si el obispo de turno va al registro de propiedad puede poner a su nombre lo que el obispo diga. Así. Tal cual", explica Juan José Picó, portavoz de la asociación Europa Laica.
Apegándose a esa ley, los obispos españoles empezaron a registrar a su nombre todos los bienes que consideraran de su interés: plazas, viviendas, calles, terrenos, edificios, fuentes.
"Fue un expolio contra el pueblo español, evidentemente. Es un problema de Estado con el que ningún partido político ni la Constitución ni nadie se ha metido", denuncia Picó.
La situación se agravó en 1998, cuando el presidente José María Aznar, del Partido Popular, promulgó una nueva Ley Hipotecaria que permitía a la Iglesia Católica inscribir como propiedades suyas los templos destinados al culto católico. Fue así como se apropiaron de la Mezquita de Córdoba, y otras iglesias de gran valor arquitectónico, histórico y cultural.
Además de apropiarse de las obras de mayor interés cultural, arquitectónico y turístico del país, la Iglesia católica se lucra por el usufructo de ellas. En el caso de la Mezquita de Córdoba, para visitarla hay que pagar unos 10 euros de entrada por persona. Tan solo en el año 2019 más de dos millones de personas la visitaron. Sin embargo, los gastos por mantenimiento y restauración corren por parte del Estado.
"La Iglesia católica tendría que autofinanciarse con las cuotas de sus fieles o con lo que ellos quisieran, pero no de los Presupuestos Generales del Estado, porque además de financiarse con los Presupuestos del Estado, usan el dinero para invertir en sus propias empresas. Ya es demasiado", sostiene Picó.
"Que cumpla el compromiso, que haga público el listado y, sobre todo, que una vez que se conozca el listado de esos bienes inmatriculados por la Iglesia católica durante estos 80 años, se revierta al dominio público lo que es de dominio público, y que lo que sea de la Iglesia, lo que puedan acreditar que sea suyo, pues no hay problema. Que este tema se clarifique de una vez y que España avance en la senda de los países democráticos, de la modernidad, y que las cuestiones de las creencias se respeten, pero que no estén metidas en las cuestiones de Estado, como siguen estando aquí en España", afirma el portavoz de Europa Laica.
Iglesia, a pagar impuestos
El gobierno del presidente Sánchez ha dicho que realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido apropiados indebidamente por la Iglesia. Además, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que se revisarán los acuerdos suscritos con el Vaticano para que la Iglesia católica empiece a pagar impuestos por los bienes no dedicados al culto.
Por su parte, Conferencia Episcopal Española anunció que iría a los tribunales si el Gobierno les cobraba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
"No pagan impuestos porque en los acuerdos que hizo el Estado con el Vaticano en 1979, el gobierno español libró a la Iglesia de no pagar ni el IBI ni ningún impuesto. La Iglesia no paga impuestos. Lo que pasa es que el IBI es el más sangrante por la cantidad de inmuebles que tienen, que no pagan impuestos", explica el portavoz de Europa Laica.
Picó precisa que para poder lograr que la Iglesia pague los impuestos deberá derogar ese acuerdo de 1979 con el Vaticano que tiene rango de tratado internacional. Desde el gobierno han dicho que lo harán, que la decisión ya está tomada, solo que llevará tiempo por su complejidad.
"Lo que hay que orar es para que ellos respeten la democracia, respeten los derechos y el mensaje evangélico, porque ¿cómo es posible que la Iglesia católica, la iglesia de los pobres, como dice el Papa Francisco, haya registrado a su nombre más de 34.000 bienes en toda España? (100.000 si se contabilizan desde antes de 1948), con ocultación, sin publicidad. Un escándalo", sentencia Picó.
