"El TSE continúa en un análisis minucioso de todas las impugnaciones a candidatos, hasta el momento no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura que está sometida a proceso de impugnación e inhabilitación", declaró Romero a reporteros que buscaban una confirmación del reporte previo del diario El Deber que dio cuenta de la supuesta inhabilitación.
Romero rehusó reiteradamente dar detalles sobre el análisis que realizan los vocales del TSE sobre 13 candidaturas pendientes de habilitación, entre ellas 11 del Movimiento Al Socialismo (MAS) incluidas la de su aspirante presidencial Luis Arce y las postulaciones parlamentarias de Morales y el excanciller Diego Pary.
El diario había citado a "fuentes de primera mano" del MAS como origen de la versión de la inhabilitación de Morales, en un reporte que fue replicado de inmediato por otros periódicos bolivianos.
Ese informe señaló que el TSE habría resuelto al mismo tiempo aprobar la postulación de Arce e inhabilitar a Pary, aspirante al Senado igual que Morales.
La candidatura parlamentaria de Morales ha concentrado el debate electoral en Bolivia desde que el MAS lo inscribió como primero en la lista de aspirantes al Senado de ese partido por el departamento de Cochabamba (centro), distrito al que pertenece la región productora de coca de Chapare, bastión del expresidente.
El MAS se había declarado en "estado de emergencia permanente" el 18 de febrero ante lo que denunció como intento de inhabilitar la postulación parlamentaria de su líder "por intereses mezquinos antidemocráticos".
La candidatura del expresidente al Senado está observada tanto por el TSE como por sus rivales políticos con el argumento, entre otros, de que Morales, igual que Pary, no cumplía el requisito constitucional de residencia permanente en Bolivia por haber salido al exilio tras su caída en noviembre.
Arce estuvo también exiliado hasta que retornó el mes pasado para iniciar su campaña y enfrentar un juicio impulsado por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez por presunto incumplimiento de deberes en un caso de corrupción.
