El director de comunicación del sindicato Federación Única de los Petroleros (FUP), Alexandre Finamori, dijo a Sputnik que es "la mayor huelga de la categoría desde 1995" y que los trabajadores están muy unidos porque la principal bandera es muy transversal: la lucha por el empleo y contra despidos masivos que consideran ilegales.
El puntapié inicial para la huelga se dio cuando Petrobras anunció el cierre de la Fábrica de Fertilizantes de Araucaria, en el estado de Paraná (sur), que supondrá el despido inmediato de 1.000 trabajadores, algo que según el sindicato supone un incumplimiento del acuerdo colectivo de trabajo por parte de la empresa.
La fábrica se nutría básicamente de residuos procedentes de una refinería de la propia Petrobras y, según los trabajadores, la empresa alega que debe cerrar la instalación porque la suba del precio de esa materia prima hace que sea inviable la producción de sustancias que después se convierten en fertilizantes.
"La intención de Petrobras es quedarse únicamente con la explotación de petróleo; esta es la única fábrica de fertilizantes que había en operación en Brasil, ahora todo lo que se necesita para la ganadería y agricultura tendrá que ser importado", criticó Ferreira.
Los miembros de la FUP remarcan que la huelga se produce sobre todo por cuestiones corporativas relacionadas con esos despidos y con los derechos de los trabajadores, pero reconocen que eso abre el debate sobre el rumbo que está tomando la petrolera, una de las mayores empresas del país.
Según el sindicato, hay paros en 13 estados y "riesgo de desabastecimiento" de combustible si la huelga se prolonga en el tiempo, aunque Finamori subraya que no es interés de los trabajadores desabastecer al país, y que si se alcanza un acuerdo están dispuestos a aumentar la producción para compensar estos días.
De momento, no hay diálogo con los dirigentes de la empresa, a pesar de que desde el 31 de enero pasado cuatro representantes de los petroleros están permanentemente esperando en una sala del edificio central, en Río de Janeiro, para empezar a negociar.
El 17 de febrero, el juez Ives Gandra da Silva Martins Filho, del Tribunal Superior del Trabajo atendió una petición de los dirigentes de Petrobras y consideró el paro ilegal, autorizando que la empresa tome "medidas administrativas" como corte de salarios, sanciones disciplinarias y despidos.
La FUP anunció que presentará un recurso contra esa decisión judicial, y remarcó que la huelga solo terminará si se decide de forma mayoritaria en las asambleas pertinentes.
