"La CIDH ha tomado conocimiento de los hechos de represión y violencia policial cometidos en contra de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa, durante su visita a una escuela rural de maestros en Tuxla, Chiapas [vecino estado del sur mexicano]", dijo el organismo interamericano en una serie de mensajes en sus redes sociales.
Unos 200 policías estatales desplegados en tanquetas lanzaron gases lacrimógenos y perdigones contra padres, madres y alumnos de la escuela de Ayotzinapa la mañana del 16 de febrero, durante una actividad pública en el marco de una visita a sus compañeros de la escuela normal rural Mactutzá, en Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, nombre indígena de la región agreste de Guerrero donde se encuentra la escuela de Ayotzinapa, dijo en un comunicado que "el saldo es de dos madres heridas y cuatro estudiantes normalistas, dos de ellos de gravedad".
Medidas cautelares
La CIDH recuerda que aún está vigente una "medida cautelar" emitida por el organismo por la situación del caso Ayotzinapa, que tiene más de cinco años sin esclarecerse.
La comisión advierte que, de acuerdo con estas medidas urgentes, "en el sistema interamericano los familiares de víctimas de graves violaciones de DDHH deben ser considerados también víctimas y ser tratados acordemente".
En el marco de las medidas cautelares vigentes desde 2014, la CIDH "solicitará información al Estado mexicano al respecto", aunque anticipa que "valora positivamente" que las autoridades de la secretaría federal de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, hayan solicitado públicamente la investigación de los hechos por parte de las autoridades del estado de Chiapas.
También el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se investigue y sancione a los responsables de la agresión.
"Condeno lo que sucedió en Chiapas, es un abuso", expresó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
Por su parte, la responsable de la política interior señaló el 16 de febrero que "lo sucedido hoy en Chiapas demanda una investigación exhaustiva", y exigió al Gobierno de Chiapas aclarar los hechos y castigar a los responsables.
"Hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron como cien personas", dijo el mandatario.
La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, patrullas de policías municipales de Iguala y municipios vecinos atacaron cinco autobuses en los cuales viajaba un centenar de normalistas, en la ciudad de Iguala, Guerrero (sur).
En los hechos murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, otras 25 resultaron heridas, y 43 alumnos fueron detenidos y entregados al agrupo narcotraficante autodenominado "Guerreros Unidos".
Pero las nuevas autoridades descartan esa narrativa de la antigua procuraduría, llamada "verdad histórica".
Una bolsa rescatada del arroyo contenía el fragmento de un hueso, que permitió la única identificación de un desparecido hasta la fecha, Alexander Mora Venancio.
