"Si para laborar en el despacho de determinada asambleísta se cobraban recursos, y esos recursos eran recibidos en su cuenta o en las de sus familiares, evidentemente se configura la infracción de gestionar cargos públicos", dijo a medios locales Fabricio Villamar, legislador independiente tras presentar la denuncia en la Secretaría de la Asamblea ecuatoriana.
Según Villamar, la legisladora del oficialista partido Alianza País habría gestionado al menos media docena de cargos en entidades públicas como el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras, para favorecer a familiares y allegados.
De comprobarse, las denuncias presentadas en contra de Arteaga constituyen una causal de destitución, establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En noviembre de 2018 dos legisladoras (una del oficialismo y otra de la oposición) fueron destituidas por supuestos cobros de "diezmos" a sus colaboradores, a través de depósitos en cuentas personales o de familiares de las exasambleístas.
La comisión deberá para revisar las pruebas de cargo y de descargo, y emitir un informe en el que puede recomendar ya sea el archivo de la denuncia o que ésta pase al pleno de la Asamblea, donde se decidirá —por votación— la destitución o la continuidad de la legisladora en el cargo.
