Luego de una fructífera gira por Europa, en la que el presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el apoyo internacional de diferentes líderes mundiales, como su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el papa Francisco, llega la hora de definir el futuro de la deuda externa y el plan macroeconómico frente al principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien los vencimientos de la deuda con el FMI no son los más urgentes en 2020, hace falta la aprobación de un programa macroeconómico sustentable para establecer criterios de proyección que permitan definir planes de pago confiables. Es lo que servirá de vara para comenzar un proceso de restitución de la confianza y validar la voluntad de pago hacia el resto de los acreedores.
Deudas diferentes, acreedores diversos, negociaciones dispares
"Existen diferentes niveles de acreedores con diferentes niveles de complejidad y efectos. Por un lado, están los organismos internacionales con los que la negociación es simplemente pedir más plazos porque no hay quitas de capital posible", dijo a Sputnik el economista argentino Fausto Spotorno.
"En segundo lugar están los acreedores internacionales privados que tienen títulos bajo ley internacional, que son los más difíciles desde el punto de vista legal porque hay que salir a negociar con ellos de manera individual y bajo condiciones de inferioridad", explicó Spotorno.
El total de la deuda externa argentina asciende a 280.000 millones de dólares y la porción mayor, cercana al 65 %, está atada a legislación internacional. Solo con el FMI, el total de la deuda es de 44.000 millones de dólares.
Los matices de la reestructuración de deuda bajo ley local
"Los terceros son los bonos en ley local, que son más flexibles porque permite al Estado reperfilar. En Argentina nunca hubo mucho problema con estos desde el punto de vista legal porque en general los acreedores argentinos han entrado en los canjes porque saben que es la mayor posibilidad de cobrar, aunque tampoco es para tentar al destino", advirtió el economista.
El economista explicó que si bien es más fácil tomar este tipo de iniciativas, tienen la consecuencia de que, si las reestructuraciones son muy agresivas, esto afecta directamente al sector privado local debido a que les quita recursos con los que contaban, que puede generar presión inflacionaria o efectos negativos en la actividad económica.
"El problema para los activos de ley local es más bien de ejecución. Hasta ahora el Gobierno ha estado tratando de reestructurar la deuda bajo ley local canjeando bonos por otros que tienen menos valor de forma voluntaria a medida que van venciendo. Pero ya el último canje tuvo dificultades porque solo hubo un 10 % de aceptación", matizó Spotorno.
