La exmandataria denunció a "las distintas agencias del Poder Ejecutivo nacional (AFIP) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución" contra ella y su familia", informó desde su página web.
La primera denuncia fue presentada en la justicia federal de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz (sur), y la segunda fue elevada ante la propia AFIP, dirigida por la economista Mercedes Marcó del Pont.
"En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona", señaló Fernández.
Ese "procedimiento clandestino" comenzó el 26 de octubre del 2017, "cuatro días después de ser electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires", reveló la exjefa de Estado (2007-2015).
La vicepresidenta se enteró del caso en diciembre de 2019, cuando la intimaron ante un supuesto mal cálculo del impuesto a las ganancias.
Fernández atribuyó estas operaciones a "la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos".
La exmandataria presentó la denuncia penal en el primer día hábil de la justicia federal tras el receso por el verano austral.
