"Más claro ni el agua: es una oportuna advertencia para quienes quieren mantener la impunidad mediante otra amnistía que, aunque le echen perfume del más caro, seguirá siendo inmunda", aseguró Cuéllar, quien dirigió el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador (IDHUCA).
El Departamento de Estado anunció públicamente la designación de los 13 exmilitares involucrados en la planificación y ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos asistentes salvadoreñas el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador (UCA).
Para Cuéllar, uno de los impulsores del proceso penal contra los autores de la masacre de la UCA, Washington asume esta postura ante el inminente vencimiento del plazo concedido por la corte constitucional de El Salvador para que el Parlamento promulgue una Ley de Reconciliación Nacional que cumpla con estándares de verdad, justicia, reparación de las víctimas y garantías de no repetición.
Recordó que una advertencia en mayo pasado de la entonces subsecretaria de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, incidió en el freno a un cuestionado anteproyecto de Ley de Reconciliación impulsado por el diputado Rodolfo Parker, señalado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de manipular pruebas para proteger a los responsables de la matanza de la UCA.
"Fue esa advertencia la que impidió que fuera aprobada la Ley Parker, como iban a hacer los diputados, a despecho de la CIDH, los relatores especiales de la ONU y las voces que se oponían desde El Salvador: es la historia de América Latina, no pasa nada hasta que EEUU se mete", lamentó Cuéllar.
Entre los sancionados por Washington destaca el general Juan Rafael Bustillo, quien la semana pasada reconoció ante un juzgado del departamento de Morazán (oriente) que el Batallón Atlactl de la Fuerza Armada masacró a miles de civiles en el cantón del Mozote y otros aledaños, del 10 al 12 de diciembre de 1981.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
