En su decisión, Fux dice que esta nueva legislación está "apartada de la realidad fáctica", porque ponerla en práctica supondría "un riesgo de que la operación de la justicia criminal brasileña entrara en colapso", en referencia a la falta de medios en muchas regiones de Brasil para incorporar más jueces, según recoge el diario O Globo.
Después de esa fase inicial, el proceso pasaría a manos de otro juez, quien absolvería o condenaría a los acusados (hoy en día el juez que lleva el proceso es el mismo que el que dicta la sentencia).
La semana pasada, el presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli (Fux lo sustituye en su periodo vacacional) había dado un plazo de seis meses para que la norma entrara en vigor, pero ahora ya no hay plazo, lo que en la práctica supone enterrar esta figura.
La figura del juez de garantías fue un añadido que los parlamentarios del Congreso Nacional colocaron en el proyecto de ley conocido como "paquete anticrimen", ideado por el exjuez y actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro.
El exjuez había visto su imparcialidad muy cuestionada por algunos sectores por la forma en que llevó los casos anticorrupción de la Operación Lava Jato, principalmente los relacionados con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Moro se había mostrado contrario a la incorporación de este nuevo tipo de magistrado, y celebró en Twitter la decisión de Fux de anular la medida.
