"El uso sistemático de la prisión preventiva empeora la situación", señaló Bernarda García, coordinadora del Equipo de Estadísticas y Bases de Datos del organismo de control, que elaboró un informe con estos datos.
En total 8.123 personas privadas de su libertad en el ámbito federal se encuentran procesadas sin condena firma, frente a otras 6.125 que sí.
El empleo de la prisión preventiva en el sistema federal, situación en la que se encuentran seis de cada diez reclusos, no ha disminuido pese a que desde diciembre de 2016 está vigente una ley que ordena celebrar un juicio oral y público dentro de las 24 horas de cometido un delito en flagrancia.
A partir de 2017, "y por primera vez en muchos años, los condenados superaron a los procesados, en un contexto de relativo avance porque se acortaron los juicios en los procesos penales, pero en un contexto donde la población encarcelada no ha dejado de crecer", puntualizó.
Un total de 13.930 personas se encuentran privadas de libertad en el servicio penitenciario federal cuando la capacidad operativa utilizable es de 12.694, según el Servicio Penitenciario Federal con datos actualizados a este 13 de enero.
En el primer trimestre del año pasado se contabilizaban 13.900 personas detenidas, 414 menos que en el segundo trimestre, pese a que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) declaró en marzo de 2019 el estado de emergencia penitenciaria por un plazo de tres años.
La coordinadora de la PPN recordó que hasta el momento no se ha modificado la Ley de Ejecución Penal, la cual sólo considera dos razones para que cese la privación de libertad: cuando el preso haya cumplido dos tercios de la pena, que entonces puede acceder a la libertad condicional, o cuando esté a seis meses de concluir su condena, que entonces podría acceder a la libertad asistida.
En paralelo, "se restringió fuertemente la posibilidad de que las personas condenadas puedan acceder a egresos anticipados, se han aumentado los requisitos calificatorios para poder acceder a ellos, y para algunos delitos directamente se ha eliminado esa posibilidad", observó García.
Esta situación sólo puede modificarse a través de un cambio en la política criminal, corroboró la referente de la PPN.
La sobreocupación en las cárceles federales es una constante desde 2017, año a partir del cual este problema ha ido en aumento.
Malos tratos
En el tercer trimestre de 2019 la PPN registró y documentó 367 hechos de tortura y malos tratos, con 115 denuncias presentadas.
"Siempre intentamos hacer énfasis en que los datos de casos de tortura no deben ser leídos como un indicador cuantitativo del fenómeno sino de un piso base, lo que permite dar cuenta de un fenómeno sistemático, estructural, persistente y presente", advirtió García.
Hasta septiembre del año pasado se contabilizaron 40 fallecimientos, la mayoría por enfermedades, aunque también se registraron casos de presos que murieron víctimas de arma blanca y ahorcamiento.
Por otro lado, el organismo advirtió en su informe que los servicios médicos y la infraestructura de las cárceles "no reúnen las condiciones mínimas para poder brindar el tratamiento adecuado y los cuidados básicos para ciertas dolencias".
En Argentina sigue vigente la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal sancionada durante la dictadura de Alejandro Lanusse en 1973.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es un ente descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.
