"Hasta el año pasado teníamos un discurso humanitario hacia la migración, que buscaba garantizar el derecho a la movilización humana, a darles visas humanitarias los indocumentados para que pudieran moverse libremente, hasta llegar a EEUU, pero esa primera perspectiva cambió radicalmente, a partir de los condicionamientos del Gobierno estadounidense", señaló Cortez, exsacerdote jesuita con más de tres décadas defendiendo víctimas de abusos de autoridades civiles y militares.
Decenas de miles de migrantes que languidecen en campamentos del lado mexicano son en su mayoría hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que desde su territorio tratan de llegar a EEUU, pero también hay casos de cubanos y venezolanos e incluso de personas provenientes de países africanos y asiáticos.
El investigador en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia estima que, con el acuerdo suscrito con Washington el 7 de junio, "nos hemos vuelto la policía migratoria de EEUU, dificultando la migración".
"Aceptamos convertirnos, por la vía de los hechos, en un país inseguro, porque miles de migrantes que quieren llegar a territorio estadounidense han quedado atrapados en territorio mexicano sin condiciones adecuadas de salud, de alimentación, ni protección", apunta el especialista, que ha presentado sus testimonios ante instancias interamericanas y del sistema de Naciones Unidas para DDHH.
Decenas de organizaciones de las iglesias y la sociedad civil han establecido casas de protección para brindar alimentos y albergue temporal a estas personas.
Supeditación a EEUU
Cortez, quien en el pasado recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas por su labor como activista, considera que con las decisiones del Gobierno no sólo se han puesto en entredicho las garantías fundamentales de los migrantes, sino que se ha supeditado la política migratoria mexicana a intereses extranjeros.
"Se están afectando los derechos de miles de hombres, de mujeres y niños que quieren salir de sus países por violencia, por pobreza, por muchas otras razones y realmente no estamos teniendo una política propia", cuestionó.
El promotor de otras iniciativas civiles como 'Seguridad sin guerra', lamenta que "hemos dejado de buscar una postura con otros países de la región de Centroamérica y Sudamérica para tener una posición realmente de protección de los derechos de los migrantes".
Las denuncias han empezado también a afectar la imagen de la nueva Guardia Nacional.
En octubre pasado fueron difundidas imágenes de miembros de esta nueva fuerza armada federal encargada de la seguridad pública atacando a un grupo de migrantes cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas (sur).
Después de esas denuncias, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas anunció que dará capacitación en ese tema a los guardias nacionales, un cuerpo creado este año con una mayoría de integrantes proviene de la policía militar.
📎📊 El Proyecto Frontera nació de una realidad dura: cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó a Ciudad Juárez para identificar si unos cadáveres hallados en la zona correspondía a mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua https://t.co/MFwmYJQqNa
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 15, 2019
Cortez, quien ha ofrecido cursos a mandos policiales en derechos humanos indica que "lo fundamental es que se recuerde que antes que cualquier otro, el compromiso es con los derechos de las personas, especialmente de las más desprotegidas como los migrantes".
Más tarde presumió que el porcentaje de arrestos en el país vecino se redujo en 70%, para evitar que caiga una especie de espada de Damocles comercial.
Al mismo tiempo la cancillería informó que desde enero de 2019 se registraron 23.607 casos de migrantes que solicitaron ingresar como asilados a EEUU y que ahora esperan en territorio mexicano una respuesta a su petición.
