"En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia de declarar como persona non grata a dos diplomáticos españoles, España ha decidido, a su vez, declarar a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país", comunicó la Cancillería española a través de un comunicado.
La autoproclamada presidenta del Gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Añez, anunció este 30 de diciembre la expulsión de la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y del cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, por el incidente que se produjo el 27 de diciembre en la Embajada de México en La Paz.
El 27 de diciembre se desplazaron a la sede diplomática los citados diplomáticos españoles, que acudieron al lugar escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Nacional.
Cuando los policías españoles se disponían a recoger a los diplomáticos desplazados a la Embajada, agentes de la Policía boliviana les interceptaron impidiéndoles seguir el paso, lo que provocó una reacción por parte de un grupo de civiles opositores a Morales, agolpados frente a la sede diplomática, que increparon a los funcionarios españoles y zarandearon vehículos con matrícula diplomática.
En concreto, el Gobierno de facto de Bolivia denuncia un supuesto plan internacional para facilitar la fuga de las autoridades bolivianas que se exiliaron en la Embajada tras el golpe de Estado de noviembre pasado.
Según la versión española, la presencia de sus funcionarios en la sede se debe simplemente a una visita "de cortesía" entre miembros de las distintas misiones diplomáticas.
En consecuencia, España rechazó de forma tajante las insinuaciones sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia.
"Para España cualquier afirmación en este sentido, constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias", reza el comunicado emitido en la tarde de este 30 de diciembre por la Cancillería española.
Madrid manifestó su deseo de mantener unas relaciones de "estrecha amistad" con Bolivia y, en ese sentido, exigió al actual Gobierno de facto que "reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones".
Los funcionarios bolivianos que serán expulsados de España son Luis Quispe Condori, Encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado Militar; y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado policial.
Los tres disponen de un plazo de 72 horas para abandonar el país.
