La gestión del presidente Alberto Fernández envió al Congreso una serie medidas de emergencia sobre el pago de jubilaciones, incluidas en la megaley aprobada el 21 de diciembre, que generaron muchos cuestionamientos entre la población afectada.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció la suspensión por seis meses del sistema de cálculo de aumentos móviles automáticos del sistema previsional. Esta fórmula establece el aumento de las jubilaciones tomando en cuenta el aumento de la inflación (70 %) y de los salarios (30 %), y había sido aprobada durante el mandato de Mauricio Macri en 2017 para actualizar los haberes de la clase pasiva frente al aumento del costo de vida.
La ley deja por fuera de la suspensión de la fórmula de aumento a las jubilaciones de privilegio, es decir, las que ganan ex presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, funcionarios del Poder Judicial y legisladores, junto a otros regímenes especiales. O sea que estos sectores seguirán cobrando sus haberes con los incrementos establecidos en 2017.
¿Riesgo de "avalancha" de juicios al Estado?
La primera polémica tiene que ver con el impacto que tendría la desaceleración en los próximos aumentos de las jubilaciones y pensiones de aquellos que no cobran el mínimo (alrededor de 40 % del universo). Y también en los juicios al Estado que podría generar que el 20 % que cobra más pueda tener reducciones.
"La Justicia, las tres salas de los seguridad social, van a determinar según los números cuánto económicamente afecta al bolsillo del jubilado, que es lo que no se tiene que perder", dijo a Sputnik Silvina Arcado, abogada especializada en Sistema Previsional.
Además, se desconoce de cuánto serán los aumentos de marzo y junio de 2020, que se determinarán por decreto y serán montos fijos, no dictados por una fórmula porcentual.
"La avalancha de juicios contra el Estado va a ser inevitable si numéricamente hay una diferencia, que va a traer pagos otra vez con intereses y una Justicia lenta, porque hay solo 10 juzgados para toda Argentina", anticipó la abogada.
Las jubilaciones de privilegio al banquillo
La segunda crítica es la exclusión en la suspensión de la movilidad a los regímenes especiales que cobran jubilaciones extraordinarias conocidas como "de privilegio", como es el caso de exjueces, expresidentes y exmiembros del servicio exterior, que seguirán cobrando como hasta ahora.
Estas jubilaciones están muy por encima del promedio de la población, entre 16 y 23 veces lo que cobra más del 60 % de los retirados en el país (14.068 pesos o 220 dólares mensuales).
Los exmagistrados perciben arriba de 228.000 pesos (3.600 dólares) y los exdiplomáticos, por encima de 325.000 pesos (5.150 dólares). Los que reciben las jubilaciones máximas y superiores representan el 5 % del total, pero obtienen más del 20 % de los recursos.
Por el contrario, gran parte del Poder Judicial no debe pagar este impuesto.
Si bien se informó que el presidente podría tomar algunas medidas para que la "solidaridad" y el "esfuerzo" también sean adoptados por estos sectores privilegiados, por el momento no han habido definiciones.
Además, las reformas para eliminar regímenes de privilegio de estas corporaciones ya han fracasado en el pasado.
En noviembre de 2002, en tiempos de grave crisis económica, la ley que eliminó las jubilaciones de privilegios para funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo fue vetada parcialmente en su aplicación a jueces, diplomáticos y obispos por el entonces presidente temporario Eduardo Duhalde (2002-2003). El argumento fue, casualmente, la "alta litigiosidad" que hubiera provocado la puesta en práctica de la medida y su efecto en las arcas públicas.
Medidas más allá de las jubilaciones
Alberto Fernández anunció en los últimos días diferentes medidas que buscan aliviar los gastos de los jubilados como reducir y congelar los precios de los medicamentos hasta fin de enero y alivianar las tasas de interés cobradas a los jubilados que tomaron créditos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y suspender los cobros hasta marzo.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses es utilizado por el Estado como reserva y fondo soberano de inversión para asegurar los pagos presentes y futuros, atenuando a traves de inversiones los impactos de variables negativas en la economía. Se destina no solo al pago de haberes sino a dar créditos a las personas mayores y financiar programas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.
Según se informó, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el FGS pasó de tener un capital equivalente a 67.000 millones de dólares a uno de 22.000 millones de dólares, debido al desfinanciamiento por baja de impuestos y el uso de reservas para financiar liquidez de las cuentas del Tesoro a través de inversiones en bonos de corto plazo que terminaron siendo renegociados por la misma administración.
