"Era una manifestación multitudinaria, con familias enteras, niños y ancianos de toda la provincia, con pobladores de los distintos departamentos para exigir que mantengan firme la ley 7.722, que es la que protege nuestra agua del cianuro, del ácido sulfúrico y otras sustancias toxicas, pero la respuesta fue a sangre y fuego porque (el Gobernador Rodolfo Suárez) nos mandó la represión", contó a esta agencia Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura del departamento de Las Heras.
Los manifestantes creen que con esto se liberó a la actividad del empleo de cianuro y el ácido sulfúrico en sus métodos de lixiviación de las rocas y lo único que prohíbe es el mercurio, que casi no se usa.
En contraposición, los legisladores dicen que la ley establece que el uso de sustancias químicas quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto, estará limitado a productos cuya producción, importación y uso esté permitido en Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales.
"Con la ley estaba en vigencia que toda declaración de impacto ambiental debía pasar por la legislatura de la provincia de Mendoza", advirtió Moyano, quien añadió que "esa parte la han eliminado y solo alcanza con la declaración de impacto ambiental, lo cual es, prácticamente, abrirle la puerta a la megaminería transnacional".
La mujer también recordó que la ley del agua de Mendoza y la ley nacional del Ambiente establecen, entre otras cosas, una pirámide jerárquica en la que por ley el agua debe ser, en primer lugar, para consumo humano; en segundo lugar para agricultura, y recién en último lugar para actividades industriales.
A primera hora del lunes 23 fueron recibidos por los habitantes de la capital provincial y marcharon juntos hacia casa de Gobierno para presentar un petitorio, pero al llegar encontraron el lugar completamente vallado y con fuerte presencia policial.
Luego de algunas provocaciones, comenzó un enfrentamiento entre manifestantes y policías en el que de un lado volaron piedras y del otro gases lacrimógenos, y que, según fuentes de seguridad, dejó un saldo de 19 policías heridos y 16 manifestantes detenidos, entre ellos una abogada de una de las organizaciones ambientales.
Algunos videos que circulan por las redes también dan cuenta de efectivos policiales atropellando manifestantes con sus motocicletas, o simplemente descargando salvas al aire en pleno centro de la ciudad, ante la mirada atónita de los ciudadanos que compraban regalos en plena víspera de las fiestas navideñas.
"Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo, es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión vivida por la gente", planteó el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, en una carta dirigida al gobernador mendocino.
En otra parte de la esquela, el religioso afirma que "se requiere consenso específico y explícito, de otra forma se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas".
Según la ley argentina, las cuestiones medioambientales son patrimonio exclusivo de los gobiernos provinciales, quedando excluido el estado federal de la toma de decisiones, salvo en el caso del transporte de sustancias químicas por rutas nacionales.
