Al mismo tiempo, la máxima instancia, según el fallo publicado este 18 de diciembre en su página web, obliga al Gobierno a responder a las más de 60 quejas que impugnan los cambios que entraron en vigor la semana pasada.
"Es necesario analizar si las enmiendas a la ley de ciudadanía realmente pueden seguir siendo válidas", indicó la corte.
El Tribunal Supremo fijó la próxima audiencia para el 22 de enero de 2020.
Los detractores de la normativa alegan que es discriminatoria porque excluye a los musulmanes, a pesar de que representan más del 10% de la población de la India, y podría derivar en deportaciones de millones de adeptos del islam que se instalaron en el país hace tiempo pero no han regularizado su situación.
Además, los habitantes de los estados nororientales de la India temen que millones de bangladesíes puedan establecerse legalmente en su región, lo que podría afectar a la población local.
El 17 de diciembre, más de 10.000 estudiantes de 36 universidades y otros centros educativos de toda la India participaron en manifestaciones pacíficas contra las controvertidas enmiendas.