En una sentencia, el alto tribunal da la razón a la Dirección de Turismo del Gobierno catalán y exige a Airbnb que deje de anunciar los pisos turísticos que no hayan acreditado su legalidad, según informó el diario El Periódico.
Esto implica la eliminación de más de 12.000 anuncios que estaban activos en la página web de la famosa plataforma de alquiler de pisos vacacionales, con la que tanto el Gobierno de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona emprendieron medidas legales con anterioridad.
El consistorio de la capital catalana ya inició un plan de choque contra los pisos turísticos ilegales que permitió eliminar la oferta de miles de viviendas que se anunciaban en varias plataformas en Internet, tras una primera detección del ayuntamiento.
Ahora, el Gobierno catalán podrá exigir a nivel de todo el territorio la retirada de los anuncios de viviendas que no hayan declarado su actividad en el municipio donde operan o no cuenten con un número de registro que les permita desarrollar su tarea.
En total, la plataforma tendrá que eliminar las publicaciones de 5.343 pisos en los que no consta número y otros 6.478 cuyo número no coincide con los registros oficiales.
La sentencia admite recurso, pero desde el Gobierno catalán confían en que cualquier posible reclamación por parte de la empresa no prosperará y podrán pedir la ejecución del veredicto.