"El protocolo va a seguir siendo actualizado para que incorpore los nuevos derechos que incluye el Código Civil de 2015", sostuvo el ministro en una rueda de prensa.
El aborto está penalizado en Argentina desde 1921, pero el Código Penal, en el artículo 86, autoriza la interrupción del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando la gestación sea producto de una violación.
El documento "ha generado una cierta intimidación sobre los profesionales que deben cumplir con la ley", reconoció el funcionario.
En un país federal las provincias deben adherirse a este protocolo, "pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, no lo aprobaron", añadió.
El protocolo consiste en una herramienta sanitaria que detalla cómo debe proceder el equipo de salud que interviene, qué evaluación médica se debe realizar, y cuál es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, además de incluir bibliografía sobre todos estos pormenores.
El ministro también advirtió que la objeción de conciencia no podrá "ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley".
Proyectos
Consultado sobre el envío al Congreso de un proyecto para legalizar el aborto, González García se mostró prudente al aclarar que "exige un trámite parlamentario, un tiempo distinto".
La cartera de González García también lanzará un programa masivo de acceso a medicamentos para la población más vulnerable que tardará en implementarse entre 90 y 120 días.
En un momento de la conferencia, el funcionario reveló que el Gobierno anterior compró vacunas que desde junio o julio quedaron en retenidas en Aduanas por las altas tasas que debía pagar para retirarlas.
El Gobierno también prepara un proyecto para declarar la emergencia sanitaria, que entre otras cuestiones, exime a las vacunas del pago de tasas.
