"Ahora que Evo Morales no tiene el cargo de la presidencia para protegerse a nivel internacional, seguramente va a tener que enfrentar una serie de procesos", afirmó Ortiz, jefe político de la presidenta de facto Jeanine Áñez, la autoproclamada gobernante transitoria tras la renuncia forzada de Morales.
El líder indígena dimitió hace justo un mes, el 10 de noviembre, al cabo de tres semanas de crisis política, y está exiliado en México, desde donde ha continuado ejerciendo como líder de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y de los sindicatos cocaleros que participaron en las protestas contra Áñez.
Aunque la fiscalía de la CPI anota en su comunicación al bufete que la recepción de la demanda "no significa que se ha abierto ni que será abierta una investigación por la oficina del fiscal", pues esto será decidido en el futuro, el senador Ortiz pareció dar por seguro que el proceso contra Morales seguirá adelante.
"Seguramente va a haber muchos ciudadanos que se han sentido afectados en años anteriores, algunos de ellos ya habían interpuesto demandas por violaciones a derechos humanos" durante los gobiernos de Morales, dijo el parlamentario y excandidato presidencial.
Apuntó que el exgobernante enfrentaría en La Haya acusaciones por "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de prensa, o por la manipulación de la justicia, y lo que viene últimamente, todo el fraude que se hizo" en las elecciones del 20 de octubre.
Una auditoría solicitada por el mismo Morales a la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó la semana pasada con la identificación de algunas irregularidades pero no aportó pruebas sobre el supuesto fraude.
Sin embargo, ese informe de la OEA es considerado por el Gobierno de facto como demostración del fraude denunciado e inclusive es utilizado por la fiscalía local como uno de los sustentos de su acusación contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que dirigieron esos comicios.
Más de un centenar de académicos destacados de decenas de países denunciaron debilidades metodológicas en el informe de la OEA y aseguraron que no provee argumentos suficientes para desconocer la victoria de Morales en las elecciones de octubre, que han sido anuladas.