"Esta Secretaría ha anunciado su cumplimiento (de las cautelares) con la convocatoria a la reunión de coordinación de dichas medidas con las instituciones a cargo de la Rehabilitación Social y garantías de derechos en los centros de privación de la libertad", dijo la Secretaría en un comunicado.
El 6 de diciembre, la CIDH pidió a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pabón, prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández y Christian González, los tres integrantes del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La CIDH también pidió al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, "particularmente valorando e implementando aquellas medidas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos".
El comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos añadió que en días posteriores se convocará a los representantes de los beneficiaros de las medidas para que las que se adopten sean acordadas.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró en declaraciones a periodistas que el Estado garantizará la vida e integridad personal de Pabón, Hernández y González, pues el gobierno del Presidente Lenín Moreno cree en los derechos humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, "no cuando le conviene, sino siempre".
Romo recordó que en su decisión del 6 de diciembre la CIDH no ordenó, porque no puede hacerlo, dijo, la libertad de los detenidos.
