"En el plazo inmediato no va a tener un impacto muy fuerte en la vida de las personas, pero en un par de meses se va a ver un incremento en los costos y eso no es bueno para el país, por eso lo ideal es que vuelva la paz, porque de esa forma también vuelve a haber una mayor confianza en el peso chileno, entonces el dólar se mitiga y deja de subir", dijo el ministro en la radio local FM Dos.
El 26 de noviembre el dólar valía 796 pesos chilenos, según el Banco Central, y el 27 de noviembre aumentó a 838 pesos, lo que según el funcionario es consecuencia de los saqueos e incendios ocurridos el 26 de noviembre de noche en el país, lo que genera incertidumbre respecto a la divisa, y a lo que hay que sumarle una caída en el precio del cobre.
Palacios indicó que la subida del dólar no tendrá un impacto inmediato en las personas, porque "todos los comercios, las empresas que importan ropa de China, de otros países, como no han vendido este mes tienen stock, [y] esa [ropa] la van a vender el próximo mes si volvemos a la cotidianidad, un poquito más tranquilos".
Sin embargo, añadió que después esas empresas "van a tener que importar de nuevo y cuando importen esa ropa o combustibles u otras cosas, cerca del 70% de todo lo que consumimos está vinculado al precio del dólar porque se importa, ahí sí vamos a ver un incremento en el costo de vida, va a ser un poco más cara la ropa y el combustible".
El ministro agregó que los exportadores "son los que están un poco más contentos" por la subida del dólar porque cobran en esa divisa.
"El Banco Central está tratando de mitigar el ritmo de crecimiento o del alza del dólar", aseguró.
Sin embargo, las protestas no amainaron abarcando otros reclamos sociales y tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y cacerolazos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la Policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.
La Fiscalía Nacional investiga la muerte de 26 personas, cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
