"Pese a las reiteradas insistencias y requerimientos de Sarayaku, el Estado ecuatoriano no ha cumplido dichas medidas por eso hoy presentamos la demanda por incumplimiento", dijo a Sputnik el abogado de la comunidad, Mario Melo.
Ni el presidente Lenín Moreno ni sus ministros de Justicia, de Hidrocarburos y Ambiente, ni el secretario de Derechos Humanos han contestado varias cartas enviadas por la comunidad inquiriendo cuándo y cómo se retirará esa pentolita.
Mirian Cisneros, presidenta de la comunidad de Sarayaku, dijo que el Gobierno tampoco cumplió con la obligación de realizar consulta previa, libre e informada antes de concesionar un bloque petrolero a la estatal Petroamazonas, parte del cual pasa por ese territorio indígena, aunque no todavía no se efectúan actividades petroleras en dicho bloque.
Tampoco se adoptaron medidas legislativas y administrativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa.
Sarayaku es una comunidad indígena ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, en el este de Ecuador.
En 1996, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles obtuvo del Estado ecuatoriano la licencia para explotar allí el bloque petrolero 23, de unas 165.000 hectáreas.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de haber puesto en grave riesgo los derechos a la vida e integridad de la comunidad pues en la fase de exploración del bloque se sembraron en su territorio 150 kilogramos de pentolita.
La Corte dio entonces al Estado ecuatoriano un máximo de tres años para retirar la pentolita.
El tribunal regional también ordenó al Estado pedir disculpas públicas e indemnizar con 1,4 millones de dólares a la comunidad, puntos que se cumplieron en 2014.
