"La investigación tendrá como objetivo principal establecer si el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas", reveló el lunes en su página web la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA).
La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango que son representadas por el Movimiento Ríos Vivos, el cual sostiene que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta "deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango".
En abril de 2018 alrededor 12.000 personas vecinas al proyecto Hidroituango debieron ser evacuadas debido al taponamiento de dos túneles de la represa que amenazaron con hacer colapsar parte de la estructura, lo que derivó en un incremento drástico del caudal del río Cauca, deslizamientos de tierra e inundaciones.
"Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia", señaló AIDA, organización internacional de derecho ambiental sin fines de lucro.
El BID Invest ha invertido millones de dólares en Hidroituango y facilitado la inversión de 1.000 de dólares adicionales de otros bancos internacionales pese a las alertas que genera el proyecto.
