"Paralizar desde las cero horas (del 5 de noviembre) todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia de manera pacífica, firme y comprometida, con la única salvedad de dejar expeditos nuestros aeropuertos internacionales, servicios básicos y emergencias", resolvió un cabildo o asamblea popular en la ciudad de Santa Cruz (este).
La resolución fue aclamada por millares de ciudadanos congregados en una noche cálida en torno al monumento al Cristo Redentor al cumplirse el plazo de 48 horas que el líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, había dado a Morales para que renuncie.
En una primera reacción oficial, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, acusó a Camacho de impulsar "una aventura golpista [que] poco a poco se está aislando" y aseguró que el líder cruceño "optó por una línea radical que no será capaz de cumplir".
"Camacho ya hizo el ridículo al exigir la renuncia del Presidente, le vendió a Santa Cruz la idea de que sería fácil sacarlo por la fuerza, y hoy día tiene que recurrir a medidas aún más radicales para mantener a los jóvenes en las calles", afirmó la líder parlamentaria oficialista, quien es también de Santa Cruz.
Salvatierra añadió que no preveía medidas extraordinarias de protección de oficinas estatales, aunque horas antes del cabildo cruceño había sido reforzada la protección policial a la Plaza Murillo de La Paz, desde la cual se ingresa a los palacios de Gobierno y Legislativo y a la Casa Grande del Pueblo, nueva sede presidencial.
Camacho anunció que llevará personalmente a Morales una carta de renuncia para que la firme, y así concluya el conflicto que convulsiona al país.
"Lo vamos a sacar [a Morales], eso se lo garantizo", afirmó el líder cívico cruceño, prometiendo que no retornará de La Paz sin la renuncia del indígena que gobierna Bolivia desde 2006.
El dirigente cívico puso un tono religioso a su discurso alzando una biblia, de la cual dijo que había sido sacada del Palacio de Gobierno por Morales.
Añadió que el cierre de fronteras y de las instituciones estatales buscaría como efecto inmediato privar al Gobierno de recursos económicos.
Camacho rechazó de nuevo una auditoría al reciente proceso electoral, que realiza la Organización de Estados Americanos con objeto de establecer la veracidad de las denuncias de fraude, que fueron hechas por los medios pero no de manera formal.
