"Lo que comenzó como protesta contra un supuesto fraude electoral ha derivado en un movimiento extremadamente radical, que está lamentablemente a punto de provocar un enfrentamiento grave entre bolivianos", dijo a Sputnik el analista Gonzalo Balcázar, consultor de varias organizaciones no gubernamentales.
Morales ganó los comicios del pasado 20 de octubre, según el Tribunal Supremo Electoral, pero el segundo más votado, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció al día siguiente de la votación que un presunto fraude le habría privado de la posibilidad de desafiar al gobernante en una segunda rueda, desatando con ello una ola de protestas urbanas.
El Comité Cívico de Santa Cruz, abiertamente opositor y el más poderoso de los comités ciudadanos del país, dio el 2 de noviembre pasado un plazo de 48 horas, que vence a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este 4 de noviembre, para que Morales renuncie y se convoque a nuevas elecciones.
El gobernante y sus ministros, entretanto, afirmaron que la posición cívica cruceña confirmaba sus denuncias previas de que en Bolivia se había puesto en desarrollo un golpe de Estado al cual Morales le atribuyó el objetivo de "restituir el neoliberalismo" tras 14 años de gobierno popular.
Balcázar, quien es politólogo y estadístico, afirmó que "la radicalización de los comités cívicos y los cambios de postura de Mesa podrían afectar primero a la auditoría al proceso electoral iniciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que hasta hace una semana parecía contar con el mayor respaldo como paso de esclarecimiento para superar la crisis".
Señaló que se esperaba que el resultado de esa auditoría dé pie a la confirmación de la victoria de Morales o una segunda vuelta, "pero esto resultó siendo una esperanza muy simplista de solución ante la determinación del mismo Mesa y de los cívicos de que el presidente debería irse sí o sí".
Añadió que Mesa y los cívicos siguen una línea de acción que se remonta a principios de 2018, cuando arrancaron las protestas opositoras contra la habilitación de la candidatura de Morales y pasó por cabildos populares que, durante la campaña electoral, anticiparon el desconocimiento a una victoria del presidente.
El motivo inicial de las protestas fue el aval que sucesivas resoluciones de los tribunales Constitucional y Electoral dieron a la nueva postulación de Morales, dejando sin efecto un referendo de 2016 que había rechazado la reelección indefinida.
"El rechazo a la victoria de Morales no es poselectoral, es preexistente", resumió Balcázar.
El analista coincidió así con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien dijo la semana pasada a Sputnik que la oposición boliviana había aplicado "un montaje intensivo que se logró irradiar en la sociedad antes del evento electoral", como parte de un golpe de Estado contra Morales.
Morales reiteró el 3 de noviembre que el rechazo a su victoria electoral podía generar violencia.
El líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó su exigencia de renuncia presidencial y demandó además que el vicepresidente Álvaro García y los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y el Tribunal Supremo renuncien también a la sucesión presidencial.
🇧🇴 Los afines a Evo morales continúan en las calles defendiendo lo que consideran una elección democrática
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 30, 2019
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De esa manera, según el cívico, se instalaría un Gobierno de transición presidido por una magistrada del Supremo a quien señaló como "la única no oficialista" de ese tribunal.
Entretanto, proseguían los paros cívicos totales en Santa Cruz y varias de sus provincias, además de paros parciales y bloqueos de calles en La Paz y otras tres ciudades.
Los movimientos sociales que habían iniciado bloqueos de carreteras en defensa del Gobierno se replegaron el fin de semana a pedido de Morales.
