El paso de las personas caminando parecía no tener fin. Seguidos de cerca por un pequeño grupo de policías antidisturbios y algunos efectivos de la Policía de la ciudad, las filas y filas de manifestantes llegaban a demorar más de 10 minutos en cruzar las intersecciones de la Avenida 9 de Julio, la principal de la capital argentina.
Los cortes de calles y marchas masivas volvieron al escenario capitalino después de las elecciones generales del domingo 27 de octubre. Este jueves, de la mano del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur, los argentinos se manifestaron nuevamente contra el FMI.
"En todo el continente los pueblos resisten al plan económico de los organismos internacionales de crédito. A nosotros nos está quedando un nivel de deuda equivalente al PBI entero de Argentina. Sostenemos que la principal deuda es con el pueblo y no con el FMI", dijo a Sputnik Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, uno de los convocantes de la protesta.
Con una enorme convocatoria, las columnas de las organizaciones sociales realizaron una masiva caminata hasta la Plaza Libertad, en el microcentro de Buenos Aires, hasta las puertas del edificio donde está instalado temporalmente el FMI.
Cientos de personas marchan a las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en #Argentina en rechazo al pago de la deuda con el organismo y en contra del modelo económico impulsado por el Gobierno de @mauriciomacri pic.twitter.com/ZKo5pAB8i2
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) October 31, 2019
Desde la llegada al poder del presidente argentino, Mauricio Macri, en 2015, 3 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en Argentina y se estima que alcance el 40% de la población con los registros actualizados a fines de 2019, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA).
Navarro anticipó que los reclamos callejeros continuarán durante el próximo Gobierno si no se produce una recomposición salarial, si no se lleva adelante una política de creación de empleo y si se tiene como prioridad el pago de la deuda.
La emergencia alimentaria sigue en pie
Algunas de las organizaciones montaron guardia frente al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (famoso por las efigies de la exprimera dama 'Evita' Perón) para reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria y por los retrasos en los aumentos del del presupuesto estipulados.
A fines de septiembre de 2019, el Congreso nacional aprobó que se extienda hasta 2022 esta ley, vigente desde 2002, que dispone un aumento "como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". De acuerdo con ODSA-UCA, el 30% de los jóvenes y niños sufren inseguridad alimentaria y el 13% pasó hambre en algún momento del año.
"La prioridad tiene que ser desarrollar políticas de empleo, generar vivienda y atender la situación muy acuciante que se vive, por ejemplo, en el norte argentino, donde hoy hay trabajadores que desarrollan su actividad por 2.000 pesos [30 dólares] por mes, o gente nucleada en nuestras organizaciones en zonas rurales que toman agua al lado de los animales porque el Estado no pasó nunca por ahí", denunció la delegada del FOL.