"Estaré y estoy dispuesto a colaborar, a dar toda la información necesaria porque no tengo nada que temer; (…) estaremos aquí presentes para responder, y estamos dispuestos a colaborar, (…) daremos toda la información necesaria apegada al derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales", dijo Vargas en una conferencia de prensa en Quito.
La investigación de la Fiscalía se basa en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
El dirigente indígena negó que haya tenido intención de conformar un ejército armado o subversivo y aseguró que se refería a seguridad comunitaria, grupos de apoyo comunitario que vigilen los territorios, amparados en el derecho de autodeterminación establecido en la Constitución y en cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena y con las autoridades ecuatorianas.
El acuerdo que dio fin al paro tuvo la mediación de la delegación en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Iglesia ecuatoriana, que se mantienen en calidad de mediadores con el gobierno y los diferentes sectores sociales.
Vargas también dijo en la conferencia de prensa que en la noche del 23 de octubre se adoptarían decisiones respecto a los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno para la emisión del decreto que reemplazaría al 883, pues al momento estarían parados por diversos procesos judiciales que está siguiendo la Fiscalía de la nación.
Tanto el movimiento indígena como el gobierno han dicho que se trató de infiltrados que quisieron crear caos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en las jornadas de protesta fallecieron 8 personas y 1.340 resultaron heridas.
Vargas aseguró que el movimiento indígena tiene evidencias suficientes de violaciones a los derechos humanos que se habrían dado de parte de las fuerzas del orden que actuaron durante las protestas, y que presentará esas pruebas ante Cortes Internacionales.
