"El miércoles [16 de octubre] en una reunión a la que asistieron el presidente, vicepresidente de la República, el ministro de Trabajo y la ministra del Interior y representantes de diversos sectores sociales, se llegó a un acuerdo en puntos vitales que no serán incluidos en las reformas laborales que enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional", dijo Remigio Hurtado, presidente de la Conasep.
La Conasep (Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador) agrupa a 597.230 servidores públicos, incluidos unos 84.500 militares, policías y miembros de la Fuerza Aérea.
Hurtado dijo que si bien Moreno no ha acudido a despidos masivos de servidores públicos, en el 80% de los casos cuando alguien se jubila o renuncia a un cargo elimina esas partidas, excepto para los médicos y maestros.
Los servidores públicos plantean que no se eliminen esas partidas, sino que se cubra con nuevo personal.
Entre el 2 y el 13 de octubre, durante las protestas, hubo saqueos, destrucción de bienes, vandalismo, ataques a dos medios de comunicación y una serie de hechos violentos sin precedentes en la historia del país, sobre todo en Quito, pero también en otras ciudades como Cuenca (sur) y en varias poblaciones de la serranía.
Como parte del proceso investigativo de esos hechos, la Fiscalía de la Nación ha realizado allanamientos a domicilios y a la prefectura de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
Ella y otras personas están siendo investigadas por el presunto delito de rebelión.
En las jornadas de protesta, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, fallecieron ocho personas y 1.340 personas resultaron heridas.
La Defensoría no ha podido determinar si las muertes fueron accidentales o provocadas por la represión de la fuerza policial.
El 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo anunció que conformaría una comisión especial para que investigue posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas, así como los actos de violencia y vandalismo.
